El pasado 12 de noviembre tuvo lugar, en el Parlamento Europeo, la Conferencia Europea sobre Acceso a la Justicia, organizado por la organización Frank Bold en colaboración con European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).
La conferencia con el título, ¿Empresas de la UE? Asegurar el remedio sobre los derechos humanos ante los abusos corporativos, tuvo el objetivo de involucrar a responsables políticos, expertos y grupos de interés para que este tema entre con mayor fuerza en la agenda política.
El tercer pilar del marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar” y base para la elaboración de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos aprobados en 2011 está siendo uno de los grandes olvidados, (ver post ¿Por qué es importante el acceso al remedio?)
Cuando las comunidades y los trabajadores sufren daños a causa de las actividades de las empresas europeas, deben ser capaces de acceder a remedio en Europa si no son capaces de hacerlo en sus propios países. La realidad es que, con demasiada frecuencia, los obstáculos son numerosos, desde los costes financieros de los litigios hasta las complejas estructuras legales de las empresas multinacionales que aíslan y diluyen la responsabilidad de sus entidades.
La conferencia ha supuesto el inicio del debate sobre los retos y oportunidades para la política y las reformas legales en la Unión Europea para hacer frente a la impunidad. Se ha explorado el acceso a remedio desde una perspectiva práctica y la teoría legal.
El debate ha puesto de manifiesto que existe un fuerte conocimiento sobre las principales barreras de acceso a remedio presentes en todos los países europeos (legales, de procedimiento, financieras) que impiden que las víctimas puedan ejercer su derechos. Cada una de estas áreas legales merece ser explorada, si la UE y sus Estados miembros cumple con su deber de proteger los derechos humanos y reducir los obstáculos para poner remedio, tal y como se afirma en el derecho internacional de Derechos Humanos y recogido en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
En última instancia, el principal reto parece ser una cuestión de voluntad política. Según Jerome Chaplier, coordinador de ECCJ, «hemos visto un fuerte consenso entre la sociedad civil, académicos, abogados y varios responsables políticos, que la UE y sus Estados miembros deben hacer más para mejorar el acceso a remedio. Se necesita una acción política fuerte de la Unión Europea y sus Estados miembros para garantizar que las empresas europeas rindan cuentas y que el acceso a remedio esté disponible en Europa cuando es bloqueado en los países de las víctimas».
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