El caso de Ferrovial y los abusos contra solicitantes de asilo en el Pacífico

El pasado mes de abril, un informe de Amnistía Internacional señalaba a la multinacional española Ferrovial por complicidad en las graves violaciones de derechos humanos sufridas por personas solicitantes de asilo y refugio en centros de tramitación australianos. La denuncia refiere a un centro de detención extraterritorial ubicado en la isla-Estado de Nauru, en pleno océano Pacífico. Ferrovial opera en este centro a través de su filial australiana Broadspectrum, absorbida en 2016 y de la que es 100% propietaria. La filial lleva la gestión diaria de este centro y de otro con las mismas características ubicado en la isla de Manus (en Papúa Nueva Guinea). Este último fue en 2016 declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de este país por violar el derecho a la libertad personal de las personas internas y está en proceso de cierre.

Titulado la Isla del Tesoro. Cómo se están beneficiando las empresas de los abusos a las personas refugiadas en Nauru por Australia, éste no es el único informe que señala la implicación de Ferrovial en los abusos cometidos en estos centros de detención extraterritorial australianos. Sendos centros de Nauru y Manus han sido objeto de repetidas denuncias por parte de Amnistía Internacional, por organizaciones de derechos humanos australianas[i], por órganos de las Naciones Unidas[ii] e incluso por un Comité de Investigación de Senado australiano[iii]. Las conclusiones de estas diversas investigaciones son grosso modo las mismas y conciernen a la responsabilidad internacional de Australia y a la responsabilidad de las personas jurídicas por su implicación directa o indirecta en la comisión de estos abusos.

En palabras de Amnistía Internacional, “el sistema de tramitación [de solicitudes de asilo] es tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”. Las personas, incluyendo niños y niñas, que acuden a las costas australianas solicitando protección son enviadas de manera forzosa a estos centros de internamiento en medio del océano, sin saber cuándo podrán salir, aun obteniendo luego la protección de refugio. Según recoge esta ONG, el propio Gobierno australiano ha admitido que la crueldad del sistema de tramitación responde a la búsqueda de un “efecto disuasorio” sobre las personas que quieran entrar “irregularmente” en el país[iv]. A la crueldad del procedimiento en sí se suman unas condiciones casi inhumanas, de hacinamiento (el centro de Nauru alberga a unas 1000 personas mientras que el de Manus, a fecha de su ilegalización albergaba más de 800) o falta de asistencia sanitaria.

Asimismo, diferentes fuentes (incluyendo el citado Comité de Investigación del Senado, Amnistía Internacional o unos documentos internos filtrados al periódico The Guardian) han recogido numerosos testimonios de internos sobre maltrato infantil, agresión sexual y otros abusos que involucran a personal de Broadspectrum y de su subcontrata Wilson Security, que lleva la seguridad de las instalaciones[v].

La falta de debida diligencia por parte de Ferrovial

Amnistía Internacional considera que Ferrovial es “inequívocamente” cómplice de estos abusos, al permitir “a sabiendas la continuación” de este sistema. Más aún, afirma que la empresa “compró Broadspectrum con pleno conocimiento del alcance de los abusos contra los derechos humanos en Nauru”[vi]. El informe “Association with abuse” publicado en 2016 por una coalición de organizaciones de derechos humanos australianas aporta información en la misma línea. Según el documento, Ferrovial lanzó su OPA sobre Broadspectrum en diciembre de 2015. Los informes públicos y pronunciamientos de órganos de la ONU y de ONGs denunciando estas condiciones datan de mucho antes, al menos desde que en 2012 Australia reabriera ambos centros de detención y privatizara su gestión a favor de la actual filial[vii]. Asimismo, antes de hacerse pública la OPA, la ONG había remitido a Ferrovial un informe sobre la implicación de Broadspectrum en esta situación. Ferrovial respondió admitiendo estar al tanto del contrato de Broadspectrum con el Gobierno australiano, pero alegó: “no tenemos detalles específicos u operativos en relación a este contrato más allá del material que está en el dominio público y, por tanto, no podemos formarnos un juicio en relación a las denuncias hechas”[viii]. En cambio, la empresa había reconocido la buena rentabilidad de este contrato con el Gobierno australiano, una sección que de hecho reporta millonarios beneficios a la multinacional, según el último informe de Amnistía Internacional.

De confirmarse esta situación, Ferrovial ha incumplido el procedimiento de la debida diligencia en derechos humanos recogido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011). De entrada, este procedimiento requiere que una empresa identifique los riesgos potenciales sobre los derechos humanos asociados a cualquier nuevo proyecto o inversión. Habida cuenta de las múltiples denuncias existentes en relación a los centros gestionados por Broadspectrum, Ferrovial tendría como mínimo que haber tomado medidas para verificar la naturaleza de las mismas y actuar al respecto. En cambio, la multinacional se convirtió en accionista mayoritario de Broadspectrum el 29 de abril de 2016, dos días después de que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea anunciara el cierre del centro de Manus tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Según recoge Amnistía Internacional, en mayo de este año, la empresa designó miembros del consejo de administración de Broadspectrum (integrado en total por seis personas) a cuatro miembros de su personal, uno de los cuales se convirtió en director gerente y consejero delegado de Broadspectrum el 1 de enero de 2017[ix].

Además de esta negligencia en el momento de la adquisición, Ferrovial habría incurrido en incumplimiento de la debida diligencia desde el momento de la adquisición y hasta la fecha, al no tomar medidas ante las denuncias públicas reiteradas. Apenas cuatro meses después de la adquisición, el periódico británico The Guardián publicó los “Expedientes de Nauru”, un conjunto de más de 200 informes sobre sobre incidentes de abusos presuntamente cometidos entre otros por el personal de seguridad de los centros, que fueron elaborados por profesionales de protección de la infancia y docentes que allí trabajaban. Frente a la inacción de Ferrovial ante estas denuncias, la gravedad  de las mismas ha dado lugar a una nueva investigación del Senado de Australia.

La principal respuesta de Ferrovial ante estos hechos es que Broadspectrum no licitará por un nuevo contrato para gestionar Nauru una vez termine el vigente en octubre de este año. No obstante, esto no exime a la empresa de su responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para responder por el daño que haya causado directa o indirectamente a través de su relación con Broadspectrum. Al igual que la multinacional se ha lucrado con los ingentes beneficios de la operación en estos centros de refugiados, los impactos negativos en los derechos humanos asociados a este negocio son también asunto de la compañía.

Autora: Por Adriana Espinosa, Indago S. Coop. y colaboradora del Observatorio de RSC

 

[i]  “Association with Abuse: the financial sector’s association with gross human rights abuses of people seeking asylum in  Australia”, preparado por No business in Abuse, GetUp y Human Rights Law Centre, Julio 2015.

[ii]  Por ejemplo, Comité Contra la Tortura, “Concluding Observations on the Combined Fourth and Fifth Periodic Reports of Australia,”  23 Diciembre, 2014, párraf. 17;  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Council Informal Briefing on Burundi, Tunisia, Migration Crises in Europe and South-East Asia, and South Sudan,” May 2015; Un listado de estos informes y documentos puede consultarse en “Association with Abuse”, op.cit, p. 10.

[iii]   Comité Selecto del Senado sobre las recientes denuncias acerca de las condiciones y circunstancias en el Centro de Tramitación regional de Nauru, Taking responsibility: conditions and circumstances at Australia’s Regional Processing Centre in Nauru (Final Report), 31 de agosto de 2015.

[iv]  Amnistía Internacional, “Isla del Tesoro”, p. 4.

[v]  Ver Amnistía Internacional, “Isla del Tesoro”, pp. 14 y ss.

[vi]  Amnistía Internacional,  “El gigante empresarial español Ferrovial gana millones con la tortura de personas refugiadas en Nauru”, op. cit.

[vii]  Ver diferentes ejemplos en “Association with abuse”, op. cit. p. 16, nota al pie 69.

[viii] “Association with abuse”, pp. 16-7. [Traducción propia]

[ix]  Amnistía Internacional, “Isla del Tesoro”, p.19.

 

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