En agosto de 2006, la multinacional petrolera Trafigura realizaba un vertido ilegal de residuos tóxicos en Costa de Marfil que supuso una de las mayores crisis de salud pública del país en las últimas décadas, con decenas de muertos y más de 100.000 intoxicados.
10 años después, gran parte de las víctimas no ha recibido ningún tipo de indemnización y se desconoce el impacto real del vertido en el medio ambiente y en la salud.
10 años después, Trafigura ha eludido admitir responsabilidad por el vertido y no se ha enfrentado a ningún tipo de sanción ni acción penal por los perjuicios y sufrimiento causados. Un acuerdo con el gobierno marfileño le otorgaba inmunidad procesal a cambio de 200 millones de dólares estadounidenses y un acuerdo por 30 millones de libras esterlinas le permitió saldar una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de 30.000 víctimas[1].
En 2015, las víctimas presentaron en los Países Bajos una nueva demanda [2] contra Trafigura, aún no resuelta, para pedir indemnización alegando que la empresa causó daños morales, físicos y económicos a los demandantes. La corte holandesa todavía no ha resuelto.
Los residuos fueron generados al refinar un producto de petróleo sucio denominado nafta de coquificación para mezclarlo con gasolina y venderlo como petróleo. Pero la empresa no había previsto el tratamiento de los mismos con antelación y éste resultó ser complicado y más caro de lo previsto por la compañía.
El mismo año que Trafigura obtuvo 511 millones de dólares estadounidenses de beneficios, rechazó el tratamiento de los residuos por una empresa neerlandesa por suponer éste un coste de 620.000 dólares estadounidenses. Optó por poner en grave riesgo la salud de toda una población.
Tras cuatro meses de travesía de los residuos tóxicos a bordo del carguero Probo Koala y tras ser rechazados en 5 puertos (Malta, Italia, Gibraltar, Países Bajos y Nigeria) por su alto nivel de toxicidad , la empresa decidió confiar la carga tóxica a Compagnie Tommy, empresa marfileña con licencia reciente que presupuestó el tratamiento de los residuos en 17.000 dólares estadounidenses; importe que sin duda evidenciaba que los residuos no recibirían un tratamiento adecuado a su toxicidad.
Los residuos terminaron siendo vertidos ilegalmente en al menos 18 puntos diseminados en la ciudad de Abiyán y alrededores; 100.000 intoxicados, 69 hospitalizados graves, 15 muertos contabilizados y un impacto en la salud y el medio ambiente todavía desconocidos, ya que ningún estudio al respecto ha sido realizado.
Los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de 2011, basándose en el marco de Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”, instan a los Estados a prever los instrumentos judiciales y extrajudiciales que garanticen a las víctimas de abusos de derechos humanos el acceso a remedio y reparación al tiempo que establece la necesidad de que las empresas también establezcan sus propios mecanismos extrajudiciales de acceso a remedio.
A día de hoy, por falta de voluntad política, la cuestión del acceso a remedio apenas ha sido abordada en los Planes de Acción Nacional para la aplicación de los Principios Rectores en los Estados de la Unión Europea[3], de modo que en la práctica sigue existiendo una batería de barreras legales, de procedimiento y financieras que impiden a las víctimas de abusos de derechos humanos cometidos por empresas el acceso a justicia.
Y también en la práctica, esta falta de voluntad política está concediendo a las empresas europeas carta blanca en sus actuaciones fuera de la Unión Europea.
¿Hasta cuándo?
Puedes acceder a un relato más detallado de los hechos, incluyendo la responsabilidad atribuible a los Estados implicados en la web de Amnistía Internacional (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/).
[1] Fuente: Amnistía Internacional
[2] Trafigura Lawsuits (re Côte d’ Ivore) (consultado el 04/10/2016)
[3] Fuente: Access to Justice
