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DOSSIER INFORMATIVO: El desastre de Aznalcóllar. La importancia de una legislación adecuada sobre debida diligencia
DOSSIER INFORMATIVO: El desastre de Aznalcóllar. La importancia de una legislación adecuada sobre debida diligenciaagosto 31, 2023En 1998 se produjo la catástrofe ambiental por un vertido tóxico provocado por la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). 25 años después el impacto del derrame sigue estando presente en el ecosistema, y numerosas voces desde la sociedad civil siguen lamentando la práctica impunidad de la multinacional sueca (Boliden). Este caso deja numerosas lecciones para el presente y el futuro de la regulación de la actividad empresarial, constituyendo un buen ejemplo de la importancia de contar con una legislación robusta y eficaz sobre debida diligencia ambiental y social en las actividades empresariales. El Observatorio de RSC realiza un análisis del desastre ambiental de la mina de Aznacóllar desde la perspectiva del proceso de debida diligencia corporativa.       [...]
El Parlamento Europeo da luz verde a la ley de diligencia debida de las empresas, pero sigue dejando graves lagunas
El Parlamento Europeo da luz verde a la ley de diligencia debida de las empresas, pero sigue dejando graves lagunasjunio 1, 2023Bruselas, 1 de junio de 2023. Los diputados del Parlamento Europeo han votado hoy a favor de una nueva legislación que obligaría a las empresas de la UE a abordar los riesgos ambientales, climáticos y de derechos humanos a lo largo de su cadena global de valor y mejorar el acceso a la justicia para víctimas de abusos empresariales. La Plataforma por las Empresas Responsables da la bienvenida al texto aprobado hoy, sin embargo, en palabras de su coordinadora, Amaya Acero, “el texto no ha sido lo suficientemente ambicioso en la protección del medio ambiente y proporcionar acceso a la justicia para las víctimas de violaciones por parte de empresas”. La posición del Parlamento sobre la debida diligencia incluye mejoras importantes respecto a las propuestas anteriores de la Comisión Europea y el Consejo. En particular, la posición se ajusta más a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos al aclarar cómo las empresas pueden abordar los daños y trabajar con las personas que puedan verse afectadas por las actividades de la empresa. También reduce los obstáculos al acceso a la justicia para las víctimas, ampliando el plazo de prescripción de los casos de abusos empresariales y ofreciendo asistencia financiera y jurídica a las víctimas. Sin embargo, el compromiso político no ha estado a la altura a la hora de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas. El Parlamento no logró invertir la carga de la prueba lo que significa que sigue existiendo un importante obstáculo para la justicia. Esta ley debería reforzar los propios objetivos de la UE en materia de “Pacto Verde”, pero el Parlamento ha optado por ignorar las protecciones medioambientales recomendadas por su propia comisión de Medio Ambiente. Mientras tanto, el sector financiero, a pesar de su poderosa influencia sobre la forma en que las empresas llevan a cabo sus operaciones, recibe un trato preferente en el texto. Para poner de relieve la dificultad que tienen las comunidades afectadas para acceder a la justicia, esta mañana, antes de la votación, la campaña Justice is Everybody’s Business (La justicia es cosa de todos), instaló una maqueta de una montaña de 4 metros de altura frente al Parlamento Europeo para ilustrar el obstáculo que tienen que superar las víctimas de abusos empresariales para conseguir justicia.. Las negociaciones finales para adoptar la Directiva entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea deberían tener lugar durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Es por ello por lo que le pedimos que promueva la adopción durante su mandato de una Directiva ambiciosa y eficaz. Las imágenes del acto pueden descargarse aquí   La Plataforma por Empresas Responsables es una coalición de 19 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y una base social de 3 millones de socios. Su objetivo común es lograr legislación vinculante de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y medioambiente a nivel nacional, europeo y global.   [...]

 

 

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