Actualización de los casos relacionado con la empresa y los derechos humanos: Proyecto RENACE en Guatemala, Vedanta en Reino Unido, Total en Francia y Vale en Brasil.
- Una gran noticia para las comunidades afectadas por el proyecto Renace.
La justicia de Guatemala reconoce la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en la hidroeléctrica construida por el grupo Cobra-ACS
Tal y como ha publicado la organización socia del Observatorio de RSC Alianza por la Solidaridad[1], la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha dictado una sentencia que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica RENACE sobre el Río Cahabón, de Alta Verapaz. Esta obra, construida por la empresa española Grupo Cobra-ACS, subcontratada por la propietaria Corporación Multi Inversiones (CMI) fue denunciada por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos. En concreto se recoge en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio de la Organización Internacional el Trabajo (OIT) en vigor en Guatemala desde 1997.
La sentencia, pese a obligar a realizar la consulta, no paraliza las operaciones de la hidroeléctrica RENACE que están en marcha, lo que ha dado lugar a un voto particular razonado de una de las magistradas, María Dávila Salazar, que pide suspender la licencia “hasta que se restituyan los derechos del pueblo Q´eqchí”, tal como ocurrió en un amparo previo con otra hidroeléctrica –Oxec I y Oxec II- en el mismo río Cahabón y que discrepa también de que la Corte no mencione “la vulneración del acceso al agua” de las comunidades debido a este proyecto.
[1] La justicia de Guatemala reconoce la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en la hidroeléctrica construida por el grupo Cobra-ACS
- La Corte Suprema del Reino Unido ha decidido que tanto la multinacional inglesa Vedanta como su filial zambiana Konkola Copper Mines (KCM) podrán ser juzgadas en el Reino Unido[1]
La Corte Suprema del Reino Unido ha establecido que los habitantes de varias localidades de Zambia, afectadas por la contaminación de dos ríos, podrán demandar a sus responsables, la compañía minera KMC y su matriz Vedanta, en los tribunales de Reino Unido.
KCM es una empresa de Zambia que opera como subsidiaria de Vedanta, sociedad domiciliada en Londres con filiales en Europa, África y Asia. En 2015 1.826 zambianos demandaron a Vedanta en un tribunal del Reino Unido reclamando la responsabilidad de la empresa matriz respecto a los daños producidos por su subsidiaria KMC en Zambia. Descargando químicos en el agua desde 2004, KMC sigue causando la contaminación de las tierras habitadas por los reclamantes y de los recursos hídricos fundamentales para el sustentamiento de sus comunidades. Vedanta recurrió la sentencia que reconocía la justicia británica competente a decidir sobre el caso, argumentando que la cuestión debía ser escuchada por la jurisdicción zambiana. Después de que el recurso de la empresa fue rechazado por el tribunal de apelación, el caso llegó frente a la Corte Suprema del Reino Unido.
Finalmente, el pasado 10 abril la Corte Suprema declaró que cada vez que la compañía matriz interviene, controla o participa en las operaciones relevantes de su subsidiaria existe una responsabilidad potencial de la primera sobre las actividades ejercidas por la última. La corte afirmó también que, si hay barreras relevantes para que los reclamantes obtengan justicia sustancial en su país, sus reclamaciones contra la empresa subsidiaria pueden ser oídas por tribunales ingleses. De esta forma ambas empresas pueden ser juzgadas por la jurisdicción inglesa sin que se produzca el riesgo de decisiones incompatibles entre los dos juicios. La decisión de la Corte Suprema afecta a asuntos procedimentales del caso mientras que el mérito de la cuestión tiene que discutirse todavía. Sin embargo, esta sentencia representa un precedente importante para que otras comunidades en países extranjeros puedan plantear sus batallas legales en contra de grandes corporaciones en el Reino Unido. De hecho, el abogado defensor de las comunidades zambianas comentó: <<Espero que esta decisión envíe un fuerte mensaje a otras grandes empresas multinacionales, que políticas de Responsabilidad Social Corporativa no deben ser vistas sólo como un barniz para sus reputaciones sino como compromisos importantes que deben poner en acción>>.[2]
[1] Allen & Overy, Vedanta: Supreme Court rules that Zambians can seek legal redress in the UK against parent company, Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others [2019] UKSC 20
April 2019, disponible en: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/LT-%2322011929-v1-Vedanta_-_ebulletin_17_April_2019%20%283%29.pdf
[2]BBC, Court rules Zambians can seek compensation for pollution, 10 abril 2019, disponible en: https://www.bbc.com/news/business-47881230;
Mi abogado en línea, Zambianos podrán demandar en el Reino Unido a minera por contaminación, 11 abril 2019, disponible en: https://www.miabogadoenlinea.net/el-derecho-y-la-actualidad/12715-zambianos-podran-demandar-en-el-reino-unido-a-minera-por-contaminacion
- La empresa petrolera Total tiene tres meses para cumplir con la Ley francesa de Deber de Vigilancia en su proyecto de extracción petrolera en Uganda[1]
La empresa petrolera francesa Total ha puesto en marcha un proyecto de extracción de petróleo en el área del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, en Uganda. El proyecto prevé la creación de 6 campos de extracción compuestos por 419 pozos localizados en 34 plataformas y la construcción de un aeropuerto, una refinería, un oleoducto que recorrerá 1.445 km desde la refinería y una red de oleoductos menores con una longitud de 180 km.
El pasado 25 de junio, varias ONG francesas y ugandeses presentaron una notificación formal a Total apelando al mecanismo del orden judicial previsto por la Ley francesa de Deber de Vigilancia. Los reclamantes afirman que, con respecto a su proyecto en Uganda, la empresa petrolera Total no ha cumplido no se ha conformado con lo pedido por la Ley francesa que obliga las empresas a informar sobre el impacto humano y medioambiental de sus operaciones a través de un informe anual público. En su notificación legal, los reclamantes declararon que la empresa no ha hecho referencia específica en ese informe anual a su proyecto en Uganda, no cumpliendo con ello lo requerido por la Ley. Además, las organizaciones declaran que Total ha actuado de manera intimidatoria contra los propietarios locales de la tierra, no les ha ofrecido compensaciones adecuadas y no ha desarrollado estrategias eficaces para proteger el parque nacional y el río Nilo que lo atraviesa. Bajo la Ley francesa de Deber de Vigilancia la empresa Total tiene tres meses para desarrollar, publicar e implementar medidas dirigidas a prevenir que se produzcan daños graves contra los derechos humanos y el medio ambiente. Si la empresa no cumple con sus obligaciones dentro de este plazo, las victimas podrán llevar la cuestión frente al juez y pedir que Total sea condenada al pago de una multa por su conducta.
[1] Les Amis de la Terre – France, Total Rendez-vous au tribunal, disponible en: https://www.totalautribunal.org/amisdelaterre
- Un primer paso hacia la justicia en el desastre de Brumadinho.
Según informa BBC News[1] un juez brasileño ha ordenado al gigante minero Vale que pague una indemnización por todos los daños causados por el colapso de la presa de Brumadinho en enero. El colapso supuso el peor accidente industrial de Brasil ya que al menos 248 personas murieron cuando un mar de lodo envolvió una cantina de personal, oficinas y granjas cercanas….
El juez no ha fijado una cifra para la indemnización, pero dijo que la empresa era responsable de fijar todos los daños, incluidos los efectos económicos. EL motivo por el que no se concretó una cantidad económica es -según el juez- que los criterios técnicos y científicos no eran suficientes para cuantificar los efectos del colapso.
«El valor [de la indemnización] no se limita a las muertes resultantes del evento, sino que también afecta al medio ambiente a nivel local y regional, así como a la actividad económica de la región afectada».
El juez igualmente confirmó que los 2.900 millones de dólares de los activos de Vale que estaban congelados por los tribunales deberían permanecer bloqueados y aseguró que los fondos deberían utilizarse para pagar indemnizaciones a las familias y empresas afectadas….
En un comunicado, Vale dijo que tenía un «compromiso total con la reparación justa y rápida de los daños causados a las familias, la infraestructura comunitaria y el medio ambiente»
