Tan solo dos semanas después de que el gobierno alemán anunciase un acuerdo en el proyecto de ley de cadena de suministro, el 3 de marzo el gabinete aprobó el proyecto de ley sobre la debida diligencia corporativa en las cadenas de suministro que se presume será aprobado por el Bundestag antes de las elecciones de otoño de 2021. Si el proyecto llegara a ser vinculante, Alemania sería el segundo país, después de Francia, en la adopción de una ley de debida diligencia de derechos humanos.
La ley incorporará a la legislación nacional alemana las disposiciones de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
El gobierno planea introducir un nuevo deber de tutela de los derechos humanos para las 600 empresas más grandes del país. El alcance se ampliaría para cubrir alrededor de 2.900 empresas con más de 1.000 empleados a partir de 2024.
Con esta propuesta legislativa se pretende obligar a las empresas alemanas a identificar, mitigar y prevenir los riesgos asociados con sus propias actividades y los de sus filiales, proveedores y subcontratistas, con quienes tienen una relación contractual establecida. Si una empresa elude sus obligaciones, se impondrían multas y sanciones significativas contra ella de hasta el 10% de la facturación anual, así como la exclusión de los contratos públicos durante un plazo de hasta tres años.
Este proyecto es el resultado de meses de duras negociaciones entre las asociaciones empresariales alemanas y los grupos de presión corporativos que han jugado en contra de la propuesta y, de otro lado, grupos de la sociedad civil que reclamaban al gobierno el cumplimiento de sus promesas.
Aunque la sociedad civil ha recogido el anuncio como un gran paso adelante, convergen en que la propuesta tiene sus limitaciones. El texto del proyecto incluye pocas empresas, un 60% menos que en comparación con los planes iniciales de algunos ministerios del gobierno alemán. Y, en segundo lugar, restringe la debida diligencia a solo los proveedores directos.
A diferencia de la Ley francesa de vigilancia y de los planes previos de regulación de la UE, el proyecto de ley alemán no incluye una disposición sobre la responsabilidad civil y sólo considera marginalmente las normas medioambientales.
La falta de responsabilidad civil o penal para las corporaciones en el proyecto del texto es una pésima noticia para millones de personas cuya vida se ve cada día afectada por el abuso corporativo. Sin tales disposiciones, la propuesta no parece tener ningún punto de apoyo para obligar a las corporaciones a prevenir abusos, al tiempo que proporciona un camino a las reclamaciones de indemnización por parte de los trabajadores afectados y otras víctimas.
Entre las fortalezas del proyecto de ley se encuentran las disposiciones sobre vigilancia y observancia reglamentaria. Las empresas deberán documentar el cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de forma continua y publicar un informe anual en su sitio web cumpliendo con su deber de transparencia.
Entre los movimientos en favor de la aprobación de la futura ley, la Iniciativa Lieferkettengesetz (Supply Chain Act Initiative) ya ha anunciado que hará una campaña en las próximas semanas y meses de debate parlamentario con la esperanza de que el Bundestag apruebe la ley este verano antes del final del período legislativo.
Desde la coordinación de la Iniciativa Lieferkettengesetz apuntan que para que la ley sea efectiva en el proceso legislativo del Bundestag, habría que incluir obligaciones completas de debida diligencia para los proveedores indirectos; la responsabilidad civil bajo la cual las empresas son responsables en los tribunales civiles alemanes por los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida; y la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas con más de 250 empleados y a PYME.
