Amnistía fiscal y transparencia empresarial

Amnistía fiscal y transparencia empresarial

Los indecentes recortes en derechos y prestación de servicios sociales que el gobierno está llevando a cabo en nuestro país, escudándose en la crisis económica, están desmontando mecanismos básicos de cohesión social. Lo que genera un fuerte rechazo de esa parte de la sociedad siempre silenciosa y siempre en la primera fila del dolor de la escasez. La publicación del Real Decreto Ley 12/2012 (BOE 31 de marzo de 2012) por el que el Gobierno aprobó una amnistía fiscal fue como un soplo de sal en los ojos, añadiendo estupor. Como los acontecimientos marchan a toda velocidad, esto ya es viejo y ya ha entrado en las sombras del olvido. Pero no se debe olvidar. Es una buena estrategia: periodificar los hachazos para que los de hoy hagan viejos a los de ayer. También se olvidan las palabras: cuando Rajoy era líder de la oposición y se planteó la posibilidad de que el PSOE hiciera esta amnistía y la número dos del PP, Dolores de Cospedal, declaró que es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda. Pues se ha hecho lo que era impresentable. Recientemente ha salido publicado en prensa que de los 2.500 millones de euros que esperaba recaudar el Gobierno solamente se han recaudado 52 millones hasta la fecha.

El Sindicato mayoritario de Técnicos de Hacienda, Gestha, ha dicho que esa amnistía “supone un agravio comparativo con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales”. Además hacen saber, apoyados también por colectivos de expertos en fiscalidad, que lo más rentable y justo es la lucha contra el fraude. Si se pusiera interés en mejorar la efectividad de las recaudaciones y evitar el fraude, podríamos recaudar cada año cerca de 40.000 millones de euros, casi el doble de los 25.000 millones que se recaudan actualmente. El citado Decreto-Ley, además de ofrecer una exoneración del delito fiscal, no pone ningún tipo de límites por proveniencia de esos fondos, ya sean de origen legal o ilegal, como el tráfico de drogas, o el terrorismo.

Hablar en este escenario de responsabilidad social suena a extravagante. Se crean condiciones que inciden negativamente en la gestión de la RSE, confundiendo ayudas públicas con ilegalidades (es decir, con la picaresca tradicional que algunos han querido llamar “optimización fiscal”, olvidando que la aportación a la sociedad, en términos de fiscalidad, es una obligación ineludible de quien vive de esa sociedad). Lo que es evidente (que se niegue cualquier ayuda pública a quien escapa del cumplimiento de la ley) comienza a sonar como un extremismo utópico, pues la picaresca ha tomado cuerpo de comportamiento normalizado. En una época de crisis en la que las intervenciones, con dinero público, en socorro de empresas privadas está siendo una herramienta habitual por múltiples gobiernos, es especialmente necesaria una transparencia rigurosa y eficaz para conocer el destino de esos fondos, así como para entender la adecuación y eficacia de las decisiones en garantizar los bienes públicos, los derechos de las personas y el interés general, responsabilidad principal de las administraciones públicas.

Según el estudio de las memorias de RSC de estas empresas, realizado anualmente por el Observatorio de RSC, el hecho de que la mayoría de las empresas españolas del IBEX 35 operen en paraísos fiscales puede inducir a pensar que se está ejerciendo una mala práctica en materia de responsabilidad social aunque no se esté cometiendo un delito regulado por la ley. El 82% de las empresas del IBEX35, analizadas, tienen empresas filiales o participadas en paraísos fiscales. El 18% restante tiene entre sus accionistas con participaciones significativas, empresas domiciliadas en paraísos fiscales, o participadas en paraísos fiscales. Es decir, directamente o a través de sus dueños más importantes, todas las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, esto necesita de una explicación detallada sobre qué estrategias y políticas fiscales se están implementando por parte de estas empresas.

El establecimiento de empresas de carácter no productivo, únicamente financiero, en paraísos fiscales tiene como único objetivo la búsqueda de condiciones fiscales más favorables para la empresa. Lo que, dicho de otra forma, supone que la empresa evita pagar ciertos impuestos en el país donde produce la riqueza. En definitiva, la consecuencia es un impacto negativo para los Estados de los países donde se dejan de pagar dichos impuestos y, por tanto, para todos sus ciudadanos, con especial relevancia cuando se trata de países con bajos niveles de desarrollo. Buscar el beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal donde el fin que prevalece es el de pagar los menos impuestos posibles, no sólo evidencia una ausencia de compromiso con el desarrollo de los países, sociedades y personas donde se opera, sino que limita fuertemente la capacidad de estos de desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas. Lo cual no es sólo claramente incoherente con los compromisos públicos de responsabilidad social, sino que es una manifestación clara de irresponsabilidad social en la estrategia y decisiones de negocio.

Se debe reforzar la lucha por la transparencia y la colaboración internacional, en el marco de la Unión Europea, afianzando los acuerdos bilaterales (como lo ha hecho recientemente Alemania con Suiza). Preocupa que no exista ninguna iniciativa contra los entramados de filiales en paraísos fiscales, pues la combinación de amnistía y aumento del impuesto de sociedades llevará a una mayor evasión si no se hace nada por impedir la deslocalización de beneficios. Desde el Observatorio de RSC defendemos una mayor transparencia y gestión en temas de fiscalidad de las empresas, sobre todo de las empresas que reciben ayuda pública, y exigimos a los administradores públicos el cumplimiento de los criterios de la responsabilidad social. En este marco, consideramos la amnistía fiscal, que potencia la evasión fiscal y “olvida” la procedencia ilícita del dinero, un premio al defraudador (y al delincuente) y un menosprecio al contribuyente que acata imperiosamente sus responsabilidades fiscales y que, además, está siendo objeto de los mayores recortes sociales de nuestra democracia.

 

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