Avances en debida diligencia en materia de derechos humanos en la UE

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Foto por safal karki en Unsplash

Finlandia, Holanda son los últimos países de la Unión Europea que han aprobado legislación en materia de debida diligencia o la tienen en sus programas de gobierno. En Francia se analizan los efectos producidos por la ley de deber de vigilancia durante el primer año de su implementación.

 

 

 

 

  • Finlandia incluye la legislación en materia de debida diligencia en su programa de gobierno

Algunas de las campañas sociales que han protagonizado el panorama político de 2018-2019 en materia de debida diligencia en los diferentes países europeos han comenzado a dar sus frutos. El gobierno finlandés ha incluido en su recientemente acordado programa de gobierno -del que formarán parte socialdemócratas, partidos de centro, verdes y partidos de izquierda- el compromiso de desarrollar legislación vinculante en materia de responsabilidad corporativa, así como de trabajar en la UE y UN en la creación de medidas que prevengan la competencia entre países por las bajas de impuestos a las empresas. El programa incluye además el compromiso de clarificar la posibilidad de una ley europea en materia de responsabilidad corporativa basada en debida diligencia, teniendo en cuenta empresas de diferente tamaño y cadenas de suministro internacionales.

 

  • El Senado Holandés aprueba la Ley sobre Debida Diligencia en materia de Trabajo Infantil[1]

En el mes de mayo el Senado Holandés votó a favor de adoptar la Ley de Debida Diligencia en Trabajo Infantil. Cuando la ley entre en vigor, las empresas obligadas -que no serán solo empresas holandesas sino también empresas extranjeras que comercialicen sus productos y servicios dentro del mercado holandés dos o más veces al año- tendrán que garantizar haber actuado usando la diligencia debida en materia de trabajo infantil durante cada etapa de su cadena de suministro. Si existe la sospecha de que las empresas han recurrido a mano de obra infantil, tendrán que informar también sobre las medidas que entienden adoptar para impedir que el uso de trabajo infantil ocurra en futuro. Las empresas tendrán que publicar esta información una sola vez aunque la validez temporal de dicha declaración no haya sido determinada todavía. A este respecto el gobierno tiene que elaborar un reglamento dirigido a completar y dar concreción a los contenidos de la ley.

Todavía se desconoce el momento en que la ley entrará en vigor. Inicialmente había sido establecido que empezase a tener eficacia desde el 1 de enero de 2020, pero el retraso en su aprobación por parte del Senado y en la producción de medidas reglamentarias por parte del gobierno han determinado un retraso en su entrada en vigor. En cualquier caso, a través de su aprobación, esta ley convierte a los Países Bajos en otro país impulsor de la tendencia global existente en materia de legislación sobre debida diligencia.

[1] Información disponible en la página web de la organización holandesa MVO Platform al enlace: https://www.mvoplatform.nl/en/frequently-asked-questions-about-the-new-dutch-child-labour-due-diligence-law/

 

  • La Ley francesa de Deber de Vigilancia un año después de su entrada en vigor: las empresas tienen que comprometerse más[2]

 En febrero 2019 se publicó un estudio que, tomando en consideración los planes de vigilancia de 80 empresas, analiza los efectos producidos por la Ley francesa de Deber de Vigilancia durante el primer año de su implementación. La Ley obliga a las empresas a publicar un plan de vigilancia que evidencie tanto los riesgos relacionados con su actividad como los relativos a la actividad de compañías subsidiarias y proveedores. Dichos riesgos no incluyen únicamente los peligros relativos a la propia empresa sino también los que afectan al medioambiente y a las partes terceras. Además, el plan de vigilancia tiene que incluir las medidas de monitoreo y de denuncia de irregularidades adoptadas por la empresa y la información debe ser, por un lado, fácilmente accesible y, por el otro, transparente, fiable y completa. Los directivos y las partes interesadas deben participar activamente en la redacción del plan. Del estudio publicado al principio de este año resulta que la situación real se aleja bastante de lo establecido por la ley. De hecho, hay una fuerte heterogeneidad entre los datos desglosados por las empresas. Algunas ni siquiera publicaron el plan pedido mientras que otras, aunque lo hayan hecho, han cumplido con la ley de manera diferente, aplicando niveles distintos de rigor y, en la mayoría de los casos, haciendo referencia únicamente a los riesgos de la compañía sin mención alguna a los peligros relativos al medio ambiente y a los terceros.

[2] Información disponible en: https://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/2019_collective_report_-_duty_of_vigilance_year_1.pdf

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