La Directiva 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) nació con una ambición clara: ofrecer datos fiables y comparables sobre cómo las empresas impactan en el planeta y en la sociedad. Su implementación busca mejorar la transparencia, facilitar la rendición de cuentas y permitir una mejor gestión de riesgos, favoreciendo que las estrategias de sostenibilidad de las empresas estén alineadas con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Pero el Paquete Ómnibus I, presentado por la Comisión Europea en febrero de 2025, amenaza con debilitar esa ambición. Con el propósito declarado de simplificar la normativa para reducir la carga administrativa, propone modificar sustancialmente dos pilares de la regulación en sostenibilidad corporativa: la CSRD y la Directiva sobre diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta el potencial impacto de las reformas propuestas, estas modificaciones suponen, en la práctica, un proceso de desregulación.
En lo que respecta a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD):
Ya se han aprobado medidas como el retraso de dos años en los plazos de aplicación (Directiva 2025/794 Stop the clock). Empresas que antes estaban obligadas a informar en 2026, ahora lo harán en 2028 sobre el ejercicio 2027. También se ha aprobado una flexibilización temporal de los requisitos de información para los ejercicios 2025 y 2026, (Reglamento delegado “quick fix”). Este reglamento modifica las normas de información sobre sostenibilidad de la UE (NEIS), permitiendo excluir ciertos datos en los informes de esos ejercicios. Entre la información que podrá omitirse se encuentran la biodiversidad y aspectos sociales sensibles, como condiciones laborales en la cadena de suministro y datos sobre consumidores.
Además, se está negociando una reducción drástica del número de empresas obligadas a informar. Las propuestas actuales de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo van más allá de meros ajustes técnicos.
La Directiva 2022/2464 actualmente en vigor establece que, a partir de 2028 deberán reportar las empresas con más de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros,
La propuesta de la Comisión Europea reduce el alcance de la CRSD en un 80%, aplicando solo a empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación, lo que dejaría fuera a miles de empresas.
La posición del Consejo es más restrictiva aún, pues añade un umbral de ingresos de 450 millones de euros.
En el Parlamento Europeo, continúan las negociaciones del texto que la Comisión JURI presentará al plenario del próximo 13 de noviembre. Su propuesta inicial coincide con la del Consejo: 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros. La última actualización de las negociaciones entre los grupos políticos, indican que el PPE, en estrecha sintonía con los grupos de extrema derecha, ha presentado enmiendas que rebajan aún más el alcance de la CSRD, proponiendo que solo empresas con más de 1.700 empleados y una facturación de 450 millones de euros estén obligadas a informar. Se estima que, bajo esta propuesta, apenas 3.000 empresas en toda la UE estaría obligadas a informar.
Esto tiene consecuencias directas: menos empresas reportando significa menos datos disponibles, menor comparabilidad y menos capacidad para evaluar riesgos ESG. También se dificulta orientar inversiones hacia modelos de negocio más sostenibles. En otras palabras, se debilita el mercado de finanzas sostenibles justo cuando más necesitamos fortalecerlo.
En paralelo, la Comisión y EFRAG trabajan en una propuesta de simplificación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS).
En julio de 2025 se presentaron los borradores de los Amended European Sustainability Reporting Standards (Enmiendas NEIS), que estuvieron en consulta pública hasta el pasado 29 de septiembre. Se espera que el dictamen técnico definitivo se publique antes de finales de noviembre de 2025 y que, tras su revisión, se adoptarán los nuevos estándares en un acto delegado.
Aunque la simplificación de las NEIS puede facilitar el cumplimiento, también plantea el riesgo de que la información pierda comparabilidad, profundidad y utilidad, debilitando el propósito original de los estándares.
En este contexto, mantener un alcance amplio y unos estándares sólidos no es solo una cuestión técnica: es una apuesta estratégica por una economía más justa, resiliente y alineada con los retos climáticos y sociales que enfrentamos. Fomentar prácticas empresariales sostenibles no solo beneficia al planeta, sino que también da ventaja competitiva a la UE, ahora y a largo plazo.
