El Consejo Europeo ha adoptado la directiva sobre la divulgación de información no financiera (non financial reporting o NFR, en inglés).
Esta fase es la última del proceso legislativo a nivel europeo y el principio del proceso de transición a nivel nacional, que durará hasta un máximo de 2 años. Lo que significa que el Gobierno español deberá legislar tomando como referencia la directiva comunitaria.
La medida exigirá a las empresas de más que 500 empleados que aporten un informe no-financiero explicando las políticas, resultados y riesgos relacionados con el medio ambiente, asuntos sociales y derechos humanos. Si la empresa no tiene políticas en relación a estos aspectos, tendrá que exponer las razones.
El objetivo es crear una competencia equilibrada en Europa y fortalecer la transparencia y la responsabilidad social de las empresas. Considerando los numerosos casos de violación de los derechos humanos y el medio ambiente, causados por grupos multinacionales (como ejemplo reciente, los eventos trágicos en las fábricas de ropa en Bangladesh), esta legislación viene en un momento muy adecuado.
Pero no solamente tendrá efectos positivos sociales y medioambientales, también es ventajosa para empresas e inversores, ya que reduce los riesgos y mejora el desarrollo a largo plazo de la empresa. Para los consumidores, aumentará la confianza en las mismas lo cual podrá contribuir a restaurar la reputación en algunos sectores de actividad.
El próximo paso es la integración de esta directriz en la legislación nacional de los estados miembros, que tienen hasta octubre de 2016 para hacer los cambios legislativos necesarios e implementar la directiva.
La transposición de la directiva a las legislaciones nacionales, sin embargo, permite una enorme flexibilidad a cada uno de los estados miembros, tanto en su forma, aplicación y seguimiento del cumplimiento de los requisitos. La directiva marca unos contenidos de mínimos que deberían ser superados en su transposición. Hay elementos no exentos de conflicto en la directiva como por ejemplo la cláusula “puerto seguro” que permite a una empresa omitir información si su divulgación fuera a poner en riesgo su interés comercial. Por otro lado, las empresas pueden elaborar sus informes no financieros según los estándares internacionales que quieran seguir, pero estos estándares difieren mucho de su ámbito y definiciones.
La actual directiva supone oportunidad para fortalecer la legislación en España en relación a la información no financiera.
