A finales de julio, un grupo de consumidores y un grupo de defensores de los derechos humanos se unieron para presentar una denuncia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quejándose por las violaciones de los derechos humanos cometidos por la administradora de criptomonedas y tecnología Afilias y dos de sus filiales, 101 Domains GRS Limited (Irlanda) e Internet Computer Bureau Limited (Reino Unido). Se trata de la primera vez que la jurisdicción de la OCDE ha sido invocada en un litigio digital relacionado con criptomonedas.
El caso presentado ante la OCDE se fundamenta sobre violaciones muy graves como la deportación forzosa de los chagosianos y la exclusión continua a la participación en la economía de las islas de los pueblos indígenas. No solo hay violaciones que afectan a los consumidores y a los derechos humanos, sino que el colonialismo británico del archipiélago de Chagos se extiende también a la propiedad digital. El gobierno del Reino Unido recibe una parte aún no revelada por los ingresos de las ventas del dominio .IO que, según la denuncia, es parte de la expropiación colonial en curso sobre la propiedad económica y el sustento de los antiguos isleños.
El popular dominio .IO ya había sido objeto de denuncia contra el Reino Unido por presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a su continua administración del Territorio Británico del Océano Índico. Siendo muy popular entre numerosas empresas de tecnología y criptomonedas, fue formalmente designado dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para el Océano Índico. El dominio fue adquirido a finales de los años 90, por la empresa Internet Computer Bureau (ICB) con sede en el Reino Unido.
La denuncia presentada ante la OCDE describe las infracciones graves de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de 2011 que están contenidas en los capítulos IV y VIII (párrafos 4, 7 a 8).
En la reclamación, los habitantes de Chagos alegan que Afilias adquirió el domino .IO a sabiendas de su pasado, conexión con las violaciones de los derechos humanos y su continua criminalidad, y que, al no abordar estos problemas, ha infringido las disposiciones de las Directrices de la OCDE sobre diligencia debida, derechos humanos e intereses de los consumidores.
El dominio .IO no tiene restricciones y está abierto a cualquier persona de la misma manera que un dominio genérico como .com. Un cripto-criminal puede registrar un dominio .IO usando criptomonedas o una tarjeta de débito sin requerir verificación de su identidad.
También, según esta misma fuente, Afilias estaría proporcionando un refugio financiero offshore digital para el crimen organizado especializado en criptoactivos en detrimento de los consumidores de todo el mundo que tienen poco o ningún recurso contra entidades criminales cuya única presencia tangible son sitios web registrados con dominio IO.
Según el Dr. Jonathan Levy, el abogado internacional que representa a los isleños de Chagos, “mientras que .IO es utilizado por compañías legítimas, también es notable para operaciones criminales basadas en activos criptográficos: esquemas Ponzi, blanqueo de dinero, apuestas con criptomonedas y ofertas iniciales fraudulentas de monedas y tokens: deben hacer la restitución y desinvertir antes de que su responsabilidad aumente”.
Dado también que el Territorio Británico del Océano Índico carece de un sistema sancionatorio sobre delitos financieros y de leyes pertinentes, los criminales que usan identidades encubiertas y criptomonedas rara vez son aprehendidos o procesados.
Los habitantes de las Islas Chagos reclaman ahora la restitución y la devolución del dominio .IO, que ha convertido al archipiélago de Chagos en uno de los centros financieros extraterritoriales menos conocidos, pero más importantes del mundo por su volumen diario. Los isleños de Chagos quieren que se les paguen los derechos de autor y los pagos por el uso de .IO, que también es comercializado como «Dominios de Chagos» por Afilias. A los isleños se une el Crypto Currency Resolution Trust, que representa a las víctimas con pérdidas y reclamaciones contra los criptocriminales del .IO por más de 100 millones de euros.
