Como viene sucediendo en los últimos años, las cuatro grandes empresas auditoras, las big 4, concentraron esta función en las 35 empresas del IBEX 35 a cierre del ejercicio 2022. De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio de RSC en su informe “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35 en 2022” , KPMG lidera la clasificación con 13 empresas, seguida por PwC e E&Y con 9 cada una, y Deloitte con 4.
De acuerdo con el Observatorio de RSC, 4 empresas cambiaron de auditor en 2022 (ArcelorMittal, BBVA, Inditex y Sacyr), 10 llevaban entre 2 y 4 ejercicios consecutivos con el mismo auditor, 17 entre 5 y 9 ejercicios y las 4 restantes (Cellnex, Grifols, Unicaja y Redeia) 10 o más ejercicios. Ninguna de las 35 empresas limita expresamente el tiempo que puede contratar con la misma empresa auditora por debajo de los cinco años.
Según refleja el Informe de la CNMV sobre los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) de las entidades cotizadas en 2022, la permanencia media de los auditores se ha reducido en un año para las empresas del IBEX 35 entre 2020 (6,9) y 2022 (5,9) y dos para el conjunto de las cotizadas (de 8 a 6 años en el mismo periodo). Aunque existe una mayor rotación de auditores, el mercado de la auditoría de las sociedades cotizadas sigue estando prácticamente monopolizado por estas 4 empresas: de acuerdo con el recientemente publicado Informe sobre la supervisión por la CNMV de los informes financieros anuales del ejercicio 2022, el 94,9 % de los informes de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2022 fueron emitidos por alguna de las big 4 (94, 4% en 2021).
Solamente uno de los 132 informes de auditoría presentados ante CNMV en relación al ejercicio 2022, correspondiente a una empresa del mercado continuo, presenta salvedades relativas al alcance de la información financiera (2 en 2021); y apenas un 6,8% de los mismos incluye párrafos de énfasis (en la mayoría de los casos acerca de la existencia de dudas sobre la continuidad del negocio).
Se observan tendencias similares en relación a la verificación de los Estados de Información No Financiera (EINF): dicha verificación, en el caso de las empresas del IBEX 35, es asumida únicamente por empresas pertenecientes al selecto grupo de las big 4. Es más: al igual que en 2021, en 30 de las 32 empresas que son sujeto obligado por la Ley 11/2018, el auditor y verificador se corresponden, siendo AENA y Redeia las únicas empresas que contrataron expertos diferentes para estas funciones. En los casos de Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties y Solaria (empresas no obligadas a presentar EINF), la memoria de sostenibilidad, presentada con carácter voluntario, tiene una revisión de alcance limitado por parte de las mismas empresas que se encargan de su auditoría de cuentas.
Ninguno de los 126 informes de verificación de los Estados de Información no Financieros presentados por las empresas cotizadas en 2022 incluyó salvedades. Como parte de su actividad de supervisión, la CNMV recoge, en su Informe sobre la supervisión de la información no financiera relativa al ejercicio 2022, que “se solicitó información adicional a 23 entidades y se formularon recomendaciones a 27, con el fin de que fueran consideradas en futuros EINF”. Aunque el regulador menciona que en general la respuesta a dichos requerimientos fue positiva, CNMV identifica ámbitos clave de mejora como el desglose del análisis de materialidad, la definición del perímetro del EINF o la identificación de los métodos de cálculo en relación a cuestiones sociales (como por ejemplo las brechas salariales).
Las relaciones entre las empresas del IBEX y las big 4 no se limitan a la auditoría de sus cuentas y la verificación de sus estados no financieros, aunque las situaciones registradas son heterogéneas. En 11 de las 35 empresas el total de los ingresos por servicios diferentes a los de auditoría no supera el 10% de los importes facturados por el auditor externo; en el extremo opuesto, en 4 empresas esta partida supera el 30% de lo facturado por el auditor externo. Sin embargo, solo 7 empresas presentaron información desglosada acerca de los servicios facturados (importes y conceptos) por las empresas que realizaron la auditoría externa.
Las big 4 tienen también una presencia significativa en cuanto a otros servicios de asesoría relacionados con diferentes materias declarados por las empresas del IBEX 35 en 2022: lidera la clasificación E&Y (9 encargos para 8 empresas), seguida por KPMG y PWC (7 encargos para 7 empresas) y Deloitte (7 encargos para 6 empresas) Dichos encargos son relativos, sobre todo, a las remuneraciones de la alta dirección, pero también se mencionan en relación a otros aspectos, como la asesoría en la evaluación del máximo órgano de gobierno, los procesos de selección de sus miembros o incluso la gestión externa del canal de denuncias (como en los casos de Laboratorios Rovi o Cellnex por parte de PWC).
La alta concentración del mercado de la auditoría de las sociedades cotizadas ha alcanzado también a la verificación de la información no financiera. La rotación se ha incrementado, pero se produce casi en exclusiva entre este tipo de empresas. Complementariamente, el protagonismo de las big 4 en cuanto a diferentes servicios de asesoría y consultoría sigue siendo muy relevante, aunque en este caso, en convivencia con otros actores del sector.
Las empresas auditoras pueden (y deberían) jugar un papel fundamental en la identificación y gestión de los riesgos que enfrenta la empresa. Ocupan una posición estratégica fundamental, desde la cual pueden contribuir a generar “círculos virtuosos” en la gestión de la empresa y la rendición de cuentas acerca de la misma. Sin embargo, su posición privilegiada pueste convertirse también en un arma de doble filo: los fuertes lazos económicos y estratégicos entre las empresas cotizadas y las grandes auditoras podrían comprometer la necesaria independencia en relación a los servicios prestados. De este modo, se corre el riesgo de que la actividad del auditor o verificador se limite a una mera convalidación formal de la información presentada por la empresa, sin cuestionar posibles aspectos problemáticos. Este tipo de riesgos se materializaron en casos tan célebres como el de Bankia o, más recientemente, Wirecard en Alemania.
Este es también un aspecto crítico en cuanto a la información no financiera, cuyo nivel de aseguramiento y fiabilidad se pretende equiparar progresivamente al de la información financiera. Como vienen advirtiendo las investigaciones del Observatorio de RSC durante los últimos años, la coincidencia entre las funciones de auditoría y verificación puede suponer un conflicto de intereses o al menos una amenaza a la independencia de dichas funciones; especialmente en un mercado tan concentrado como el de las sociedades cotizadas. En términos generales, cabe afirmar que dichos riesgos se intensifican cuanto mayores (en cuanto a su volumen y alcance) son los servicios prestados por el auditor, lo que subraya la importancia de la rotación de auditores, la existencia de reglas específicas para reforzar su independencia y una adecuada rendición de cuentas acerca de los servicios contratados.
A la vista tanto de los últimos análisis del Observatorio RSC, cabe cuestionar si la práctica ausencia de salvedades en los informes de auditoría y verificación de las sociedades cotizadas españolas puede estar relacionada con insuficientes mecanismos para el control de la independencia de los auditores.
