2013, ICAR, CORE, ECCJ
El informe pone de relieve que, generalmente los Estados no cumplen con su obligación de garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas que operan fuera de su territorio. Las víctimas siguen encontrando barreras que a veces pueden bloquear por completo el acceso a un recurso efectivo.
El alcance del informe es Canadá, Francia, Alemania, los Países Bajos, la Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, sobre la base de que la gran mayoría de las empresas transnacionales se encuentran domiciliadas en estos países. También se trata de países miembro de la OCDE y adherentes a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que incorporan muchos de los aspectos de los Principios Rectores de la ONU sobre empresa y derechos humanos.
El informe identifica diez temas clave en que los Estados deberían centrarse para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva.