Durante los últimos meses han tenido lugar algunas iniciativas y publicaciones de informes a nivel europeo e internacional que favorecen el debate sobre el papel de la empresa en relación con los derechos humanos, concretamente en materia de acceso a remedio para las víctimas de violaciones de derechos humanos como resultado de la actividad empresarial.
Destacamos las siguientes:
Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre empresa y Derechos Humanos[1].
Publicadas el pasado 20 de junio de 2016. La presidencia holandesa del consejo ha identificado el área de empresa y derechos humanos como una de las prioridades de su mandato[2]. Las conclusiones se hacen eco del conocimiento que tienen tanto la presidencia holandesa como los estados miembros de la UE de que las medidas que se han tomado hasta ahora para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y para asegurarse de que estas sean responsables de las posibles violaciones, son insuficientes.
Las conclusiones hacen referencia, de forma particular, a la transparencia, la responsabilidad corporativa en la protección de los derechos humanos y al acceso a remedio. También se presta atención a los Planes de Acción tanto a nivel nacional como europeo, a la necesidad de conseguir una mayor coherencia política, incluyendo las relaciones exteriores de la UE.
Se debe destacar la referencia que se hace en las conclusiones a la necesidad de un mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos empresariales. Esta mención en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE debe ser tenido en cuenta como un punto de inicio para un escenario mucho más ambicioso para la UE y los estados miembro de abordar las barreras legales y prácticas que sufren las víctimas.
Las conclusiones también hacen referencia al importante rol que las empresas juegan en relación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y pide a todas las empresas tanto transnacionales como domésticas que cumplan con los Principios Rectores de Naciones Unidas, con la Declaración Tripartita de la OIT y con las Directrices de la OCDE.
Acuerdo europeo sobre minerales de conflicto[3]
El 16 de junio de 2016 las instituciones de la UE acordaron una nueva ley que intenta abordar el problema del mercado de los minerales de conflicto.
“La UE ha acordado un nuevo marco para parar la financiación de grupos armados a través del mercado de minerales de conflicto, después de negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Este marco tiene como objetivo que las empresas europeas se abastezcan de estaño, tantalio, volframio y oro de forma responsable. Estos minerales son típicamente usados en productos diarios tales como teléfonos móviles, coches o joyería”.
Este acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta, pero la ley corre el peligro de quedar lejos de su objetivo. Las instituciones europeas se han rendido a las demandas de las grandes corporaciones al dejar fuera de la regulación a la mayoría de empresas europeas que comercializan minerales[4].
La nueva regulación solo cubrirá a empresas que importen materias primas y las someterá a un chequeo básico. Además a aquellas empresas que se hayan adherido a marcos reconocidos, automáticamente se les presume que cumplen con la regulación y se les considerará como de “bajo riesgo” por parte de las autoridades encargadas.
Un punto importante del acuerdo es que prevé una revisión sobre la efectividad de la norma después de transcurridos dos años de su aprobación
Iniciativa “Green Card”[5]
La iniciativa “Green Card” fue lanzada el 18 de mayo de 2016 por ocho parlamentos nacionales europeos con el objetivo de que se garantice la responsabilidad de las empresas por los abusos de derechos humanos.
La iniciativa ha sido promovida por Danielle Auroi, parlamentaria francesa. Con esta iniciativa se pretende que se exija a las empresas un deber de vigilancia en relación con los individuos y las comunidades cuyos derechos humanos y medios locales se ven afectados por las actividades de aquellas.
La “Green Card” es un mecanismo de propuesta a la Comisión Europea para que comience a regular sobre una determinada materia. Es también una forma de abrir el diálogo político a través del cual los parlamentos nacionales europeos pueden proponer de forma conjunta a la Comisión nuevas iniciativas legislativas o no legislativas, o incluso cambios en la legislación existente.
El hecho de que las empresas de la UE tengan una obligación de cumplir con un deber de vigilancia o de cuidado, tal y como propone la iniciativa permitiría a las víctimas de abusos de derechos humanos y de daños medioambientales exigir responsabilidad a las empresas, si estas han fallado en el ejercicio de la debida diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos en el contexto de sus propias actividades o de sus subsidiarias, subcontratas o proveedores.
Los ocho parlamentos que expresaron su apoyo a la iniciativa Green Card fueron los de: Estonia, Lituania, Eslovaquia y Portugal, la Cámara de los Lores de Reino Unido, la Cámara de Representantes de los Países Bajos, el Senado de la República Italiana y la Asamblea Nacional francesa.
La iniciativa a nivel europeo tiene su origen en la proposición de ley francesa sobre el deber de vigilancia de las empresas o sociedades matrices y de las empresas contratantes. La Asamblea General francesa aprobó en Marzo de 2015, en primera lectura, la proposición de ley que establece el deber de vigilancia sobre las empresas francesas y que se espera ahora sea presentada para una segunda lectura y aprobación final ante el Senado.
La regulación francesa propone dos artículos:
- Plan de vigilancia (mix entre deber de vigilancia y debida diligencia)
- Obligación de tener un plan y publicarlo
Para lograr la efectividad de la propuesta sobre deber de vigilancia, las empresas podrán ser demandadas ante las cortes francesas (por responsabilidad civil). El anterior borrador proponía responsabilidad penal de las empresas por el incumplimiento del deber de vigilancia.
Deficiencias apuntadas por las organizaciones sociales:
- Solo se aplica a 150 empresas francesas (total de 5.000 trabajadores/as en Francia o 10.000 en el extranjero)
- No permite la acción popular
- Las víctimas todavía tienen la carga de la prueba, es decir, deben probar el nexo entre el daño y la acción de la empresa, y probar la relación de control entre la empresa matriz y la filial o subcontrata.
Informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH sobre rendición de cuentas y acceso a remedio[6].
Publicado el 10 de mayo de 2016. El informe propone una guía para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y el acceso a remedio de las víctimas de abusos de DDHH. El informe es parte del proyecto “Accountability and Remedy” de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos humanos, y es también resultado de la petición hecha por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 26/22.
En el informe se pone de manifiesto la falta de responsabilidad de las empresas en la mayoría de los casos, los problemas a los que se enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos para acceder a la justicia (prestando especial atención a la víctimas de abusos ocurridos en territorio distinto al de la nacionalidad de la empresa), y además plantea una guía para la mejora de los mecanismos de acceso a remedio. La guía está especialmente dirigida a los Estados y a los poderes judiciales estatales para que mejoren las vías de acceso a remedio para las víctimas de abusos empresariales.
El documento se desarrolla en dos partes. La primera consta de una introducción a la guía, y la segunda contiene la guía en sí, en la forma de una serie de objetivos políticos para los Estados para obtener respuestas legales en el plano nacional al tema de acceso a remedio. La guía incorpora una serie de elementos que pretenden demostrar las diferentes formas en las que los Estados pueden trabajar hacia la consecución de esos objetivos en la práctica.
Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre empresa y DDHH[7]
El 2 de marzo de 2016 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una Recomendación para los Estados en relación con empresa y DDHH. La Recomendación está basada en los Principios Rectores de Naciones Unidas, y proporciona una guía específica para ayudar a los gobiernos europeos en la prevención y el remedio de violaciones de derechos humanos por parte de empresas, al tiempo que insiste en una serie de medidas para que las empresas respeten los derechos humanos.
En concreto, la recomendación se centra en el acceso a un remedio judicial basándose en el conocimiento y la experiencia del Consejo de Europa y en los estándares legales en las áreas de responsabilidad civil y penal, la reducción de las barreras judiciales, la asistencia legal, y las acciones colectivas.
La recomendación también trata los Planes Nacionales de Acción (PNA) y recuerda que la posibilidad de que se concluya un instrumento internacional jurídicamente vinculante en materia de empresa y derechos humanos no puede de ningún modo afectar a la efectiva y correcta implementación de los PNA, y de los estándares regionales e internacionales ya existentes en esta materia.
[1] Información sustraída de la nota de prensa de ECCJ, Action Aid y CIDSE
[2] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
[3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2231_en.htm
[4] ECCJ. http://corporatejustice.org/news/141-political-agreement-on-conflict-minerals-leaves-deadly-gap-for-trade-to-continue
[5] https://www.asso-sherpa.org/un-premier-pas-historique-pour-le-devoir-de-vigilance-des-multinationales y https://www.asso-sherpa.org/ngos-welcome-support-of-european-parliamentarians-for-duty-of-care-legislation-of-eu-corporations-towards-people-affected-by-their-activities
[6] A/HRC/32/19 , Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, Improving accountability and access to remedy for victims of business-related human rights abuse, 10 May 2016, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/A_HRC_32_19_AEV.pdf
[7]Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to member States on human rights and business https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true
