Por European Coalition for Corporate Justice
En junio de 2011, la comunidad internacional adoptó los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs, por sus siglas en inglés), con el compromiso de abordar los impactos adversos de las actividades comerciales. Cinco años después, el progreso en la implementación de estos Principios es mínimo.
El uso de trabajo infantil por parte del fabricante de ropa deportiva Nike fue objeto de gran controversia en la década de 1990. La noticia de que Nestlé se beneficiaba de explotación infantil en sus cadenas de suministro en Costa de Marfil ocupó las cabeceras de los medios a principios del año 2000. De modo similar, los impactos ambientales y sociales de la explotación petrolífera de Shell en Nigeria y de Chevron en Ecuador siguen presentes en la memoria de la opinión pública.
La adopción por consenso de los Principios Rectores por el Consejo de Derechos humanos de la ONU en 2011 supuso un importante paso hacia una mejora en la responsabilidad empresarial. Los Principios conforman el primer estándar global que articula el deber de los Estados de proteger los derechos humanos frente a los impactos adversos de la actividad empresarial y de garantizar a las víctimas acceso a la justicia y a mecanismos de reparación. El documento reconoce también la responsabilidad de las empresas de prevenir y abordar sus impactos negativos.
Falta de voluntad política
Los Principios Rectores han supuesto desplazar el debate del por qué al cómo los Estados deben garantizar que las empresas respetan los derechos humanos. Este paso aportó energía y esperanzas a una batalla de David contra Goliat que la sociedad civil y las víctimas de las violaciones cometidas por empresas han estado peleando desde hace décadas.
Sin embargo, estos Principios sólo son efectivos en tanto que nuestros gobiernos intenten que lo sean. Cinco años después de su adopción, las ilusiones que despertaron en la sociedad se han desvanecido. Pronto se hizo evidente que, a pesar de los compromisos de cara al público, la Unión Europea y los Estados Miembro no tenían prisa por pasar de las palabras a los hechos.
Prueba de ello son la multitud de escándalos vinculados a violaciones de derechos humanos y daños ambientales que siguen apareciendo. El desastre de Rana Plaza, la falsificación de emisiones por parte de Volkswagen (conocido como “Dieselgate”) o el maltrato a los trabajadores involucrados en la construcción de los estadios de la Copa Mundial de Futbol de 2022 en Qatar son sólo algunos ejemplos de la continua falta de consideración hacia los derechos humanos y el planeta por parte de las empresas multinacionales. Este problema afecta a todos los sectores: de la minería a la industria textil, de la agricultura a la electrónica.
¿Por qué esta falta de progreso?
Sobre el papel, la Unión Europea considera los Principios Rectores como el marco político de referencia para abordar la responsabilidad social de las empresas, y reconoce que una mejor implementación de éstos contribuye a la consecución de los objetivos básicos de la UE.
En la práctica, el enfoque general de la UE en materia de empresas y derechos humanos se limita a la promoción de medidas voluntarias, un sistema de incentivos y recompensas alineado con los intereses de las asociaciones empresariales conservadoras y sus lobbies. Como resultado, la mayoría de las lagunas en la responsabilidad y rendición de cuentas empresarial siguen sin ser resueltas y las personas y comunidades afectadas por las empresas europeas en terceros países carecen con frecuencia de acceso a remedios judiciales.
¿Qué pueden hacer la UE y nuestros gobiernos?
En 2011, la UE apeló a sus Estados Miembros a desarrollar Planes Nacionales de Acción (PNA) para la implementación de los Principios Rectores. Prometió asimismo presentar con brevedad un Plan Europeo, una promesa que permanece incumplida hasta la fecha.
Asimismo, aunque varios Estados de la UE han publicado Planes de Acción, en general son débiles y presentan carencias, tanto en el proceso de elaboración como en el contenido, y no abordan de forma efectiva los obstáculos que las víctimas de los impactos empresariales enfrentan cuando tratan buscar justicia. En el caso español, el Plan Nacional de Acción lleva desde 2014 paralizado, a la espera de su aprobación final por el Consejo de Ministros. Esperamos que el Gobierno que surja después de las elecciones de junio impulse este proceso y finalmente se apruebe el tan necesario PNA.
Además de desarrollar planes de acción sólidos, nuestros gobiernos tienen otras oportunidades para mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en ámbitos tales como la mejora de la transparencia, el comercio y los derechos humanos, la gobernanza empresarial o la contratación pública.
En concreto, un área que requiere acción inmediata es la adopción de normas que requieran a las empresas a identificar, prevenir y atenuar sus impactos adversos o, en palabras de los Principios Rectores, implementar la “debida diligencia en materia de derechos humanos”.
El proyecto de ley que la Asamblea Nacional Francesa adoptó en marzo puede ser un paso importante en este sentido. La ley obligaría a las grandes empresas francesas a adoptar e implementar “planes de vigilancia” para abordar los impactos ambientales y sobre los derechos humanos asociados a sus operaciones y a aquellas de sus subsidiarias y socios comerciales. Organizaciones de la sociedad civil han presentado propuestas similares en Suiza y Alemania.
La UE debería apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en torno a un instrumento vinculante sobre las empresas y derechos humanos en el seno de la ONU. Hasta la fecha, la UE no ha participado de forma constructiva en este proceso, en claro contraste con su actitud proactiva para adoptar el TTIP con Estados Unidos.
Preparando cinco años más
La dimensión y la alarmante naturaleza de los abusos que suceden a escala global hacen urgente una acción efectiva en materia de derechos humanos y empresas. Después de cinco años sin progresos significativos, los siguiente cinco son vitales.
Mientras los responsables políticos incumplen sus propias promesas, son las personas y el planeta quienes pagan el precio de esta inacción. Una realidad que las familias de las 1.100 personas fallecidas en Rana Plaza conocen demasiado bien. Hace falta voluntad política para avanzar en este asunto y la UE y nuestros gobiernos deben cumplir con sus responsabilidades, porque los trabajadores/as y las comunidades afectados por nuestras empresas en todo el mundo no pueden esperar más.
