El Observatorio RSC ha participado en la consulta pública del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sobre la propuesta de Normas Europeas de Información en Sostenibilidad (NEIS) reformadas que presentó la institución a finales del mes de julio.
La propuesta de enmiendas a las NEIS ha vuelto a poner en primer plano un debate clave: ¿hasta qué punto es posible simplificar el marco normativo del reporte de sostenibilidad sin debilitar su capacidad de mejorar los niveles de transparencia, comparabilidad y calidad de la información?
El propósito de estas enmiendas, reducir la carga administrativa para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas, es legítimo y necesario, pero no puede plantearse a expensas del derecho a la información de los grupos de interés acerca del impacto social y ambiental de la actividad empresarial. En este sentido, consideramos que algunos de los cambios planteados pueden suponer un significativo retroceso con respecto al estándar original.
Existe el riesgo de que esta simplificación derive en un estándar menos exigente, con informes más narrativos que auditables. Esto puede comprometer la trazabilidad de los datos y dificultar que la información publicada sea comparable entre empresas y sectores. Consultoras como Ropes & Gray han señalado que la simplificación de las NEIS reduce de forma drástica los requisitos prescriptivos y traslada muchos contenidos a guías no obligatorias. Estas enmiendas pueden crear ambigüedad sobre qué información es efectivamente exigible y verificable, debilitando la claridad que necesitan tanto las empresas como los auditores – verificadores y los grupos de interés que son usuarios de dichos informes.
El Banco Central Europeo también ha señalado estos riesgos en su respuesta a la consulta de EFRAG: señala que los nuevos alivios —como el “undue cost or effort”— pueden debilitar la comparabilidad y reducir los incentivos para mejorar la calidad de los datos. Si se convierten en exenciones permanentes, advierte la institución, la transparencia de los informes podría quedar seriamente comprometida.
Uno de los ámbitos más sensibles de las enmiendas, por su carácter estructural y transversal, es la doble materialidad. Si bien se mantiene la obligación de realizar un análisis de este tipo para determinar las cuestiones de sostenibilidad de importancia relativa, las modificaciones introducen un mayor grado de discrecionalidad a la hora de determinar qué es material (empezando por el propio listado de cuestiones, que pasa de ser una referencia obligatoria a opcional) y cómo se reporta (incluyendo la información sobre los criterios considerados en el análisis de materialidad).
Del mismo modo, plantea dudas la introducción de excepciones, que permiten excluir información por falta de datos o por considerarse que su recopilación implica un coste excesivo: sin límites claros ni garantías de mejora progresiva, existe el riesgo de que estos “alivios” se conviertan en excusas permanentes para reportes incompletos, o incluso en cláusulas de “puerto seguro” que refuercen la arbitrariedad. O la falta de claridad y criterios más concretos acerca de las cuestiones específicas por entidad, que, ante la cancelación del desarrollo de los estándares sectoriales, cobra una especial importancia.
En nuestra respuesta a la consulta del EFRAG, también hemos expresado nuestra preocupación por la reducción del grado de detalle en ámbitos como la gobernanza y la conducta empresarial, recogidos en la NEIS G1. Estos son espacios donde la transparencia resulta especialmente importante para evaluar si las empresas asumen compromisos reales o si se limitan a declaraciones formales. Sin embargo, al eliminarse parte de la información obligatoria, aumenta el riesgo de que los consejos de administración aparezcan comprometidos con la sostenibilidad sólo sobre el papel, o de que cuestiones críticas como la integridad, la prevención de la corrupción o las prácticas de pago a proveedores queden tratadas de manera superficial.
En términos generales, consideramos que la reforma de las NEIS deja demasiado margen a interpretaciones superficiales y reduce la utilidad de la información para inversores, reguladores y sociedad civil, grupos de interés clave desde el punto de vista de su relevancia y derecho de acceso a la información. De este modo, se materializa el temor anteriormente expresado por el Observatorio RSC y otras organizaciones: que bajo una narrativa de “simplificación” se justifique reducción de la coherencia interna y comparabilidad de la información, dos objetivos fundamentales de la CSRD y las NEIS.
La consulta pública abierta representa una oportunidad para que las instituciones europeas reciban las demandas de la sociedad civil europea y reorientar el proceso de reforma de las NEIS, en el marco de una revisión de los objetivos del Ómnibus. La simplificación es bienvenida, siempre que no diluya la ambición que dio origen a las Normas: ofrecer un marco que garantice una información fiable, comparable y útil para avanzar hacia una economía más sostenible y empresas más responsables.