El 1 de enero de 2023 ha entrado en vigor la nueva ley alemana sobre la cadena de suministro, que obliga a las empresas alemanas a identificar y dar cuenta de su impacto sobre los derechos humanos -como el trabajo forzoso e infantil, los desalojos forzosos, la contaminación por hidrocarburos y el acaparamiento de tierras- en todos los proveedores directos extranjeros y, cuando sea necesario, también en los indirectos.
La ley representa un importante cambio con respecto a la responsabilidad social corporativa puramente voluntaria. Según estudios de la Comisión Europea y el Gobierno alemán, muchas empresas no cumplen suficientemente sus responsabilidades en las cadenas de suministro mundiales de forma voluntaria. Menos de una de cada cinco empresas alemanas supervisan a sus filiales y contratistas extranjeros para detectar violaciones de los derechos humanos.
La nueva ley establece obligaciones de debida diligencia que se basan en los Principios Rectores de la ONU y crea una fuerte supervisión y aplicación de la normativa
Si las empresas incumplen sus obligaciones, pueden ser multadas por la autoridad competente, en función de la gravedad de la infracción y de la facturación total de la empresa. Si las víctimas de abusos empresariales afirman que sus derechos han sido violados o amenazados, la autoridad debe investigar el incumplimiento y tomar medidas. Las partes afectadas también pueden autorizar a las ONG y a los sindicatos a presentar demandas legales en su nombre directamente ante los tribunales alemanes, reduciendo así algunas barreras de acceso a la justicia.
A pesar de ser un logro importante, la ley también se queda muy corta en muchos aspectos.
- En el caso de los proveedores indirectos, las empresas no están obligadas a realizar análisis de riesgos de forma proactiva y sistemática, lo cual es incompatible con los Principios Rectores de la ONU. Sin conocer los riesgos, las empresas no pueden evitarlos adecuadamente.
- Además, no prevé una nueva causa de acción en derecho civil, que permitiría a las partes afectadas demandar más fácilmente a las empresas ante los tribunales alemanes por los daños sufridos. Incluso socava parcialmente la participación de los afectados en el proceso de debida diligencia y reparación.
- Las obligaciones medioambientales se limitan a tres convenios ratificados por Alemania destinados a proteger la salud, mientras que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático no están cubiertos. En su lugar, es necesaria una cláusula general relativa a los daños medioambientales.
- Del mismo modo, la violencia de género y la discriminación, así como los derechos de los indígenas en virtud del Convenio 169 de la OIT, no figuran en la ley, a pesar de que estas violaciones están muy extendidas a lo largo de las cadenas de valor mundiales.
- El proyecto de ley se aplica inicialmente a las empresas con 3.000 o más empleados, pero se ampliará a partir de 2024 a las empresas con 1.000 o más empleados con sede social o sucursal en Alemania. Según la Iniciativa Lieferkettengesetz, el número de empresas cubiertas es demasiado bajo.
En una encuesta realizada en 2020, el 75% de los alemanes apoyó el proyecto de ley. Como parte de su campaña electoral para las elecciones federales alemanas de septiembre de 2021, varios partidos políticos alemanes se han comprometido públicamente a reforzar la ley alemana a nivel de la UE.
Aunque Alemania es solo el segundo país de la UE que adopta una legislación horizontal vinculante de este tipo, este avance forma parte de un movimiento más amplio en toda Europa. Actualmente se está estudiando legislación similar en los Países Bajos, Austria, Bélgica y Finlandia.
Fuente: European Coalition for Corporate Justice
