El 1 de enero de 2023 ha entrado en vigor la nueva ley alemana sobre la cadena de suministro, que obliga a las empresas alemanas a identificar y dar cuenta de su impacto sobre los derechos humanos -como el trabajo forzoso e infantil, los desalojos forzosos, la contaminación por hidrocarburos y el acaparamiento de tierras- en todos los proveedores directos extranjeros y, cuando sea necesario, también en los indirectos.
La ley representa un importante cambio con respecto a la responsabilidad social corporativa puramente voluntaria. Según estudios de la Comisión Europea y el Gobierno alemán, muchas empresas no cumplen suficientemente sus responsabilidades en las cadenas de suministro mundiales de forma voluntaria. Menos de una de cada cinco empresas alemanas supervisan a sus filiales y contratistas extranjeros para detectar violaciones de los derechos humanos.
Si las empresas incumplen sus obligaciones, pueden ser multadas por la autoridad competente, en función de la gravedad de la infracción y de la facturación total de la empresa. Si las víctimas de abusos empresariales afirman que sus derechos han sido violados o amenazados, la autoridad debe investigar el incumplimiento y tomar medidas. Las partes afectadas también pueden autorizar a las ONG y a los sindicatos a presentar demandas legales en su nombre directamente ante los tribunales alemanes, reduciendo así algunas barreras de acceso a la justicia.
En una encuesta realizada en 2020, el 75% de los alemanes apoyó el proyecto de ley. Como parte de su campaña electoral para las elecciones federales alemanas de septiembre de 2021, varios partidos políticos alemanes se han comprometido públicamente a reforzar la ley alemana a nivel de la UE.
Aunque Alemania es solo el segundo país de la UE que adopta una legislación horizontal vinculante de este tipo, este avance forma parte de un movimiento más amplio en toda Europa. Actualmente se está estudiando legislación similar en los Países Bajos, Austria, Bélgica y Finlandia.
Fuente: European Coalition for Corporate Justice