España se sometió el pasado mes de marzo a la evaluación periódica del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo de esta evaluación era comprobar el grado de cumplimiento del estado español del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España ratificó en 1977 y que contiene el reconocimiento de derechos básicos como el derecho a la salud, a una vivienda digna o al derecho al trabajo en unas condiciones laborales dignas.
El resultado de esa evaluación ha sido negativo, España ha suspendido, y algunas de las cuestiones tratadas por el Comité presentan un especial grado de severidad e inquietud.
En esta evaluación se sometían a examen, entre otras, cuestiones relacionadas con materias que trabajamos desde el Observatorio de RSC desde hace años, como son la fiscalidad y los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales.
El examen en materia de empresa y derechos humanos se produce con motivo de la aprobación por parte del Comité en 2017 del Comentario General nº 24 relativo a las obligaciones de los estados bajo el tratado en el contexto de las actividades empresariales, en el que se clarifican las obligaciones de los Estados con el fin de prevenir, evitar y resarcir las posibles vulneraciones
Estas han sido las recomendaciones del Comité para estas materias concretas, con el objetivo de que España mejore en sus obligaciones dentro de los próximos 4 años, hasta que tenga lugar la siguiente evaluación.
Recomendaciones en relación con empresas y derechos económicos, sociales y culturales:
- “Establezca mecanismos efectivos que garanticen la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas a fin de identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violaciones de los derechos contenidos en el Pacto;
- Fortalezca el marco normativo aplicable para asegurar la responsabilidad legal de las empresas respecto de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales cometidas directamente por éstas o resultantes de actividades de sus filiales en el extranjero;
- Refuerce los mecanismos existentes para investigar las denuncias presentadas contra las empresas y adopte medidas efectivas para garantizar el acceso a recursos efectivos por parte de las víctimas, así como a las reparaciones o compensaciones”
Recomendaciones en materia fiscal (bajo el epígrafe “máximo de los recursos de que se disponga”):
En primer lugar, el Comité manifiesta su preocupación sobre este aspecto, al indicar que “[p]reocupa al Comité que la política fiscal no sea suficientemente efectiva para hacer frente a los efectos adversos de la creciente desigualdad social en el Estado parte, debido al peso excesivo de los impuestos indirectos en los ingresos del Estado y a que ciertas transferencias no llegan a las poblaciones que deberían beneficiarse de ellas. Asimismo, le preocupa que la aplicación de exenciones tributarias y la falta de control adecuado al fraude fiscal estén afectando la capacidad del Estado parte para cumplir con su obligación de movilizar la mayor cantidad de recursos disponibles para hacer plenamente realidad los derechos económicos, sociales y culturales en beneficio de las personas y grupos desfavorecidos y marginados (Art. 2.1)”.
De manera añadida, el Comité recomienda al Estado parte que:
- “Realice una evaluación exhaustiva, con participación de los actores sociales, de los efectos de su política fiscal en los derechos humanos, que entre otros incluya un análisis de las consecuencias distributivas y la carga impositiva de diferentes sectores, así como de los grupos marginados y desfavorecidos;
- Vele por que su sistema fiscal sea socialmente justo y con un mayor efecto redistributivo;
- Vele por optimizar la recaudación de impuestos, con el fin de aumentar los recursos disponibles para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales;
- Evalúe periódicamente la pertinencia de las exenciones tributarias;
- Tome medidas estrictas para combatir el fraude fiscal, en particular el cometido por empresas y personas con grandes patrimonios”.
Igualmente, el Comité realiza recomendaciones y constata situaciones de preocupación en relación con muchas otras áreas relacionadas con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el Comité señala que uno de los principales aspectos de preocupación es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual entronca directamente con la necesidad ya diagnosticada por parte del Observatorio de RSC de la necesidad por parte del estado español de poner medios que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de vulneraciones de derechos por parte de empresas.
Con el mismo tono de preocupación se refiere el informe del Comité a las condiciones de trabajo en nuestro país, a la no discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres, a cuestiones relacionadas con los derechos y garantías de las personas migrantes, y en términos generales también refiere el Comité que “observa con preocupación que, para un país con el nivel de desarrollo del Estado parte, el índice de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es alto (…)”. Igualmente preocupa al Comité que este índice sea más elevado en determinadas Comunidades Autónomas y que la niñez se encuentre más en riesgo de caer en la pobreza”.
Especialmente dura es también la argumentación del Comité en relación con el sistema de pensiones, cuando establece que “[p]reocupa al Comité el persistente déficit que enfrenta el sistema de pensiones, la baja tasa de cobertura que tienen las prestaciones no contributivas y que las cuantías, tanto de las prestaciones tanto contributivas como no contributivas, sean insuficientes para garantizar un nivel de vida digno a los beneficiarios y sus dependientes”
En definitiva, es ahora un Comité de Naciones Unidas quien viene a reiterar realidades conocidas tanto por parte de las organizaciones sociales que trabajamos en estas áreas como y sobre todo por parte de aquellas personas que sufren en sus propias carnes y a diario la ligereza con la que el estado español se toma su obligación de proteger, respetar y garantizar nuestros derechos más fundamentales.
