Solo 4 empresas superan los 50 puntos sobre 100. Iberdrola, la mejor del análisis, apenas obtiene 57 puntos sobre 100.
Pese a la exigencia de la ley 11/2018 de transparencia en gestión de impactos sociales y medioambientales, 12 empresas no llegan a los 40 puntos sobre 100.
Los resultados del estudio revelan la carencia de estrategias orientadas a la gestión de impactos sociales y medioambientales de la actividad y ponen en cuestión la contribución real de las empresas a los objetivos sociales y medioambientales de la UE.
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó este jueves su informe anual “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2021.
El informe [1], que analiza a través de 657 indicadores la calidad de la información no financiera publicada por las empresas del IBEX 35 y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la ley 11/218 en materia de información no financiera y diversidad, evidencia que las empresas del IBEX 35 tienen aún mucho margen de mejora en la transparencia sobre aspectos de responsabilidad social corporativa. Desde que entrara en vigor la ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información ha progresado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 41,80 en 2021, No obstante, la puntuación no llega al aprobado y tanto la calidad, la exhaustividad y la comparabilidad de la información reportada, se encuentra lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma.
Las 5 primeras empresas del ranking son: Iberdrola, Endesa, Acciona, REC, y Enagás. Las 5 últimas empresas del ranking son: Almirall, Solaria, IAG, Siemens Gamesa y ArcelorMittal. Sin embargo, la puntuación de la mejor del ranking, Iberdrola, apenas obtiene 57 puntos sobre 100.
Por áreas de análisis, las empresas del IBEX 35 aportan información más completa de clientes y consumidores (59,22), seguido de los aspectos laborales (56,51) y de medioambiente (44,64), Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos (26,63) y lucha contra la corrupción (32,36). En el medio se encuentran las áreas de fiscalidad (36,57) y buen gobierno (36,36).
Según Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC “El avance en transparencia de la responsabilidad social es muy lento. Las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento”. Añade que, “Contar con una información no financiera comparable, fiable, material y relevante es uno de los fundamentos para conseguir los objetivos marcados por Europa y España que a través de distintas estrategias y planes persiguen virar nuestra economía hacía un modelo sostenible.” El coordinador del Observatorio de RSC apunta que “las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la propuesta de directiva de debida diligencia que responsabiliza a las empresas por los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente en las cadenas de suministro”.
Algunas de las principales conclusiones del estudio son:
La sostenibilidad en los Consejos de Administración: luces y sombras
La incorporación de temas de sostenibilidad en la gobernanza corporativa está en el punto de mira de diversas iniciativas regulatorias a nivel nacional y comunitario en los últimos años. Aspectos como la evaluación, implicación o la remuneración del consejo vinculada con aspectos sociales y medioambientales, o la identificación de riesgos relacionados con la sostenibilidad están a la orden del día.
Las 35 empresas del IBEX 35 informan sobre la realización de una evaluación anual al consejo de administración, sus comisiones y sus consejeros en 2021 aunque solo 2 empresas (Inditex y Acerinox) mencionan haber incluido aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), en la evaluación anual del consejo de administración, a pesar de que la directiva (UE) 2017/828 señala que el rendimiento de los administradores debe evaluarse usando criterios de rendimiento financiero y no financiero, incluidos, en su caso, factores medioambientales, sociales y de gestión.
Como aspecto positivo, encontramos que 33 empresas mencionan la implicación del consejo (directamente o a través de alguna de sus comisiones) en la evaluación y gestión de temas ambientales y sociales. 28 empresas informan sobre la identificación de riesgos sociales y/o ambientales, principalmente de impactos relacionados con el cambio climático. No obstante, la perspectiva de doble materialidad (cómo impacto en el exterior y qué impacto tienen los riesgos en la compañía) sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas del selectivo español.
Relacionado con la remuneración de los consejeros, 28 empresas informan sobre objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, es anecdótica la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia profesional en el ámbitos social y medioambiental, siendo tan solo 10 consejeros del total de empresas analizadas.
Mínimos avances en la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del IBEX 35
La información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis. Pese a que se constatan las buenas intenciones de respeto de los derechos humanos pero que quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión.
Mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 14 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad. La identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos y empresa [2]. Para afrontar las próximas obligaciones que las empresas van a tener que acometer en materia de sostenibilidad, es una mala noticia comprobar que las empresas españolas no abordan en su información estas cuestiones de manera suficiente. Si no se lleva a cabo esta identificación es imposible prevenir, mitigar o evitar los daños que se puedan producir.
Persiste la falta de transparencia sobre aspectos clave en la lucha contra la corrupción: evaluación de riesgos y actividades de lobby.
En 2021, solo 5 empresas indican haber realizado una evaluación especifica de riesgos de corrupción, pero ninguna de las 35 empresa del IBEX señala riesgos específicos de corrupción.
Solamente una empresa (Iberdrola) identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan un mayor riesgo de corrupción. Las empresas que más presencia tienen en países de riesgo extremo y riesgo alto en corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 202, no facilitan apenas información sobre cómo han afrontado estos riesgos en 2021. Estas empresas son, Amadeus: 38 países, Siemens Gamesa: 32, Mapfre: 27, Fluidra: 25 e Inditex: 22.
En cuanto a las actividades de lobby, solo 2 empresas disponen de una política específica y solo 10 empresas detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad,
Avances insuficientes para combatir la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad
La integración de los objetivos ambientales en las estrategias empresariales es fundamental para abordar la triple crisis planetaria a la que nos enfrentamos: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Las empresas deben ser totalmente transparentes en su desempeño no solo para concienciar sobre la protección y el cuidado del medioambiente, sino para desarrollar políticas efectivas para acometer los grandes retos globales.
El análisis evidencia que mientras la huella de carbono es un indicador reconocido y reportado por las empresas, la huella ecológica, la huella hídrica y el análisis del ciclo de vida, apenas están internalizadas o en su defecto no se informa de su implementación. Pese a que 34 de las 35 empresas del IBEX informan de la huella de carbono, sin embargo, no es posible realizar una comparativa entre empresas porque no existe uniformidad de criterios ni en los alcances a considerar ni en las fuentes a incluir. Cuando la evolución temporal en las emisiones es negativa en pocos casos encontramos una explicación justificativa y son muy pocas las empresas que informan de sus emisiones por ramo de actividad y países.
27 empresas presentan un compromiso en materia de economía circular, habiendo suscrito muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, pero solo 15 presentan planes de economía circular con objetivos cuantificables que van más allá de la gestión y minimización de residuos.
Apenas 10 empresas informan del valor de la biodiversidad y de los impactos significativos directos e indirectos que sus actividades producen sobre ella.
Sobre los estados de información no financieros
Por último, y en relación con la obligación de transparencia de la Ley 11/2018, los Estados de Información no Financiera de las empresas del IBEX 35, reproducen la heterogeneidad de fórmulas que tradicionalmente han arrastrado las memorias de RSC cuando eran reportes voluntarios, sin suponer un gran avance en términos de exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera ofrecida por los sujetos obligados. Lo anterior implica que la información no es homogénea entre empresas, por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares lo que impide la comparabilidad con relación a la gestión de impactos sociales y medioambientales que están realizando estas empresas
Pese a las carencias detectadas en los Estados de Información no Financieros, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes de verificación que realizan entidades externas. Lo anterior evidencia la divergencia de criterios seguidos por los verificadores externos con relación a la información y a las conclusiones del presente estudio.
[1] El informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 analiza, a través de 657 indicadores, la calidad de la información no financiera que las empresas emiten en sus memorias de RSC y en sus Estados de Información no Financiera (EINF), en relación al buen gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción, la fiscalidad, los derechos humanos, los derechos laborales, el medioambiente y los clientes y consumidores. El análisis, incluye un análisis del grado de cumplimiento de las empresas obligadas con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad.
[2] La Comisión Europea presentó en febrero de 2022 una propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La recta final de las negociaciones de la misma entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, tendrá lugar durante el segundo semestre de 2023
[3]. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
