GOWEX, o lo que nunca debió de ocurrir

Hablar, en estos momentos de Gowex (julio de 2014, cuando está comenzando a salir a la luz este nuevo fiasco) es como entrar en un rio con una potente corriente que arrastra a pensar en la corrupción, en la estructura de engaños que hacen posible crecer en la mentira mientras otros son inmediatamente desechados por supuestos “rigurosos” análisis de quienes gobiernan los llamados “instrumentos” financieros. Unos fracasan en su bienintencionada acción emprendedora por no tener apoyos financieros y otros, como venidos de un cielo que no se sabe dónde se ubica, gozan de aplausos, apoyos, medallas y premios como emprendedores ejemplares…

Pero no me dejaré llevar por esa corriente y dejo lo que haya ocurrido en el interior de Gowex a la investigación judicial, esperando a que aparezcan todas sus oscuridades. Ojalá. Sí creo importante, sin embargo, reflexionar sobre un sistema que permite estos fraudes que arrastran a diversas instituciones a premiar la mentira, a financieros a trasladar capitales a un saco sin fondo, cargado de proyectos especulativos, y a pequeños accionistas, que se dejan llevar por la ingenuidad de creer lo que sus políticos premian.

Cuando se mira de frente a estos descalabros empresariales y financieros surgen preguntas, más que buscando respuestas detectando el porqué de las grietas del sistema. ¿Qué ocurre para que sucedan estos fraudes y no pase nada, sin que nadie se inmute y sin que sobre nadie recaiga ninguna consecuencia penal? ¿Qué sistema de controles económicos, financieros, fiscales tenemos para que la mentira tome cuerpo de verdad y arrastre dinero público y ahorros de pequeños accionistas, reconocimientos institucionales y alabanzas como si realmente fueran iniciativas emprendedoras de élite? ¿Cómo es posible que ninguna luz roja se haya encendido en defensa de la verdad durante más de diez años? ¿Dónde residen los instrumentos que defienden al ciudadano, al pequeño accionista, contra los profesionales del fraude y de la mentira?

Son ya demasiados los casos que dejan indefensos a quienes se dejaron llevar hacia el fraude desde su buena fe: las preferentes, Forum y Afinsa (aun no resueltos), hipotecas con suelo (declaradas ilegales), nuestra ley de desahucios que abandona al ciudadano (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea)… ¿Dónde están las instituciones que han de defender a las personas? Son muchas las experiencias que demuestran este funcionamiento del sistema contra la sociedad desprotegida.

¿Cómo es posible que esta iniciativa fraudulenta, supuestamente claro está, haya sido olvidada durante diez años por la Agencia Tributaria?, ¿qué sistemas de control tenemos para que las mentiras nazcan, crezcan y, mientras tanto, se les den premios y medallas a su capacidad de engañar? Con razón Gestha dice que el 72% del fraude fiscal lo realizan las grandes empresas y las grandes fortunas pero el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedican al control del pequeño contribuyente. Todo está pensado para que las puertas grandes de salida, o escape, estén siempre abiertas para determinados “propietarios” de riqueza, mientras la persecución a los pequeños es exquisita. Y no cuestiono su exquisitez, pues los impuestos son herramienta imprescindibles para la cohesión social, cuestiono la desproporción y el desequilibrio, la facilidad existente para la mentira que viene de determinados recovecos sociales.

Lo digo hoy, que nos enteramos de que la venta de Catalunya Banc al BBVA ha costado al erario público unos 12.600 millones (más o menos lo ahorrado en los recortes en sanidad o en educación), a pesar de las promesas de que las ayudas a la banca nada costarían al dinero público.

¿Dónde están los controles socio-económicos que permitan vivir en sociedad confiadamente porque hay mecanismos protectores del ciudadano? ¿Por qué las mentiras toman cuerpo? Es más, ¿por qué de estas cosas nos enteramos cuando están ya en procesos judiciales? ¿Acaso hemos de pensar que los sistemas de control son tan débiles que convierten a los mecanismos judiciales en los verdaderos sistemas de control defensores del ciudadano?. ¿No es eso judicializar los procedimientos?

Ya sé que teóricamente no es así, sé que hay controles y que existen inspectores que han de procurar el correcto cumplimiento de los procedimientos normalizados. La CNMV se autodeclara responsable de estos controles [1] . Pero el hecho es que Gowex lleva suspendida de cotización desde el 3 de julio, después de que Gotham City Research publicase un demoledor informe que concedía un valor nulo a las acciones de una compañía que llegó a capitalizar más de 1.500 millones de euros. ¿Cómo es posible este desplome “inesperado”? Parece que las cuentas presentadas durante diez años eran falsas. ¿Qué ocurre, ahora, a quienes tenían la obligación de controlar y no se enteraron? ¿O se “distrajeron”, relajando los mecanismos de control? ¿Quién es el responsable final de los fraudes contra el ciudadano? Porque si no existe ese responsable, o si el código penal no le tiene nada que decir, se puede pensar que los sistemas de control no están para defender a las personas sino al servicio de otros intereses.

Gowex descubre una herida social importante por la que la mentira puede triunfar sin controles institucionales. No porque estos controles no existan sino porque se distrajeron. Y en ese vacío aparece Ulrich Beck con su tesis de la sociedad del riesgo global, que abandona al individuo al riesgo creado por la misma sociedad: “El riesgo y la responsabilidad están intrínsecamente relacionados, como el riesgo y la confianza, o el riesgo y la seguridad (seguros y seguridad). ¿A quién puede atribuirse la responsabilidad (y por tanto los costes)? ¿o vivimos en un contexto de irresponsabilidad organizada”?. Citando al Papa Francisco podemos decir que “el modelo económico vigente nos lleva a la catástrofe”. Y los que han de velar por que esto no sea así… ¿dónde están?

 

[1] La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores.

 

 

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