La ley de información no financiera no provoca una mejora en la calidad de la información de las empresas del IBEX 35

La información no financiera que presentan la mayoría de las empresas tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca el Real Decreto Ley 18/2017

Las áreas con menor grado de transparencia son fiscalidad y derechos humanos

 

La entrada en vigor en 2017 del Real Decreto-ley 18/2017 que implementa la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad inicia una nueva etapa en la rendición de cuentas de las empresas que culmina en 2018 con la aprobación de la Ley 11/2018 de información no financiera. En este contexto, las empresas del IBEX 35 están obligadas a presentar una serie de informaciones sobre cuestiones no financieras incorporadas en el informe de gestión o en un informe separado y que debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas. [1]

El estudio del Observatorio de RSC, “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2017“, que se ha presentado hoy, analiza el impacto efectivo del Real Decreto Ley y la calidad de la información reportada sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente, clientes y consumidores. La puntuación media obtenida por las empresas del IBEX 35 se sitúa en 26,88 puntos sobre 100 (según la metodología empleada), siendo las 5 primeras empresas en el ranking: Iberdrola, REC, Endesa, Acciona y Bankia. Las 5 últimas empresas del ranking son: Merlin Properties, ACS, Inmobiliaria Colonial, Siemens-Gamesa e IAG.

El análisis concluye que la mayor parte de las empresas no cumplen con el objetivo del Real Decreto y solamente incluyen en el informe de gestión información anecdótica sobre algunas cuestiones no financieras, no logrando por tanto tampoco el objetivo de que exista una verdadera verificación de la información no financiera por parte de la Junta General de Accionistas.

22 empresas presentan información distinta en el informe de gestión y en la memoria de sostenibilidad. Solo 1 empresa, Acciona, somete el informe de responsabilidad social a aprobación por la Junta General de Accionistas como punto específico del orden del día.

El informe también concluye que la información que presentan la mayoría de las empresas tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca el Real Decreto Ley y se orienta más hacia una exposición de logros empresariales y buenas prácticas.

Otras conclusiones a destacar:

Los consejos de administración del IBEX 35 poco preparados para afrontar los retos en materia de sostenibilidad social y medioambiental.

Para que la sostenibilidad suponga un elemento estratégico dentro de la empresa, el máximo órgano de administración debe implicarse en la identificación de riesgos y oportunidades en el ámbito económico, social y medioambiental.

Solo 3 empresas informan que el proceso de evaluación del máximo órgano de gobierno incluye, además de la gestión económica, la gestión de aspectos ambientales y sociales.

La ausencia de consejeros con conocimientos sólidos en responsabilidad social, integridad y sostenibilidad es una realidad en los consejos de administración del IBEX 35 y ninguna empresa informa sobre formación recibida por los consejeros en aspectos de sostenibilidad.

La rendición de cuentas sobre derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente

Cada vez son más las empresas que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos sin embargo se falla en la información de cómo garantizan la no vulneración de los derechos humanos. Solo 7 empresas publican cuáles son los riesgos de sus actividades para los derechos de las personas y solo 1 empresa –Repsol- informa que cuenta con mecanismos operacionales de remedio cuando se ha cometido una vulneración sobre los derechos humanos.

Especialmente negativa es la rendición de cuentas sobre casos de vulneración de derechos. Solo Repsol informa de un caso relacionado con vulneraciones de derechos de comunidades en el que se había visto envuelta durante el ejercicio. Mientras que fuentes externas consultadas relacionan a otras 4 empresas con posibles vulneraciones de derechos durante el ejercicio sobre las que no se ha encontrado ninguna mención en sus informes.

Fiscalidad responsable. Más información no implica mayor transparencia fiscal

El análisis realizado por el Observatorio de RSC concluye que pese a que las empresas del IBEX35 aportan más cantidad de información sobre fiscalidad, la calidad de esta información es cada vez peor. La información no es precisa ni cuenta con el desglose suficiente para evaluar el cumplimiento del compromiso con una fiscalidad responsable.

Pese a que 21 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales [2] solo 10 informan de su presencia en estos países y si nos atenemos a la presencia en nichos fiscales, solo informan 3 de las 30 que tienen presencia, (Endesa, Banco Santander e Indra).

Solo 2 empresas (Banco Santander y BBVA) presentan información del impuesto de sociedades pagado por país y ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuesto por país.

Opacidad en la actividad de lobby empresarial

La práctica de la actividad de lobby de manera íntegra y transparente es una actividad legítima y necesaria para la calidad de la democracia, sin embargo, la falta de regulación de esta actividad y las implicaciones que esta puede llegar a tener en las políticas públicas, la manipulación de los sistemas de contratación pública o en otros aspectos como la financiación de partidos políticos, o las puertas giratorias hace que la transparencia sobre las actividades de lobby sea una cuestión de interés público.

A pesar de que la mitad de las empresas indican estar registradas en alguno de los registros públicos de lobby, solamente 3 empresas (Acciona, Endesa y Telefónica) informan de sus actividades en el ejercicio, incluyendo materias de interés o reuniones mantenidas con representantes públicos. Solo 2 empresas, (Abertis y Enagás) informan sobre un sistema interno de gestión de lobby.

Muchos compromisos en diversidad de género y pocos resultados

Pese a que 26 empresas aseguran contar con medidas para procurar que el consejo de administración tenga una presencia equilibrada de hombres y mujeres, 25 empresas del Ibex a diciembre de 2017 no alcanzan el objetivo del 30% (a cumplir en 2020) de mujeres en el Consejo de Administración. Además sólo 12 de las empresas del selectivo IBEX 35 publican el ratio del salario base y remuneraciones de mujeres en relación con los hombres para cada categoría profesional, si bien 4 de ellas lo publican en relación con el salario base, siendo un dato insuficiente pues es en el resto de complementos retributivos donde se suelen encontrar las diferencias que constituyen la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Sobre financiación a partidos políticos

Si bien en España se prohíben las donaciones a partidos políticos por parte del sector privado, esta prohibición no se hace extensiva a las fundaciones de los partidos que, a día de hoy, siguen pudiendo recibir donaciones de empresas privadas. Circunstancia que podría ser utilizada como una vía paralela para la financiación fraudulenta de actividades rutinarias de partido o de campaña.

En nuestro estudio solo 12 empresas del IBEX 35 prohíben las aportaciones a partidos políticos en todos los países en los que actúan y únicamente 2 empresas del IBEX 35 (Inditex y REC) hacen extensivo su posicionamiento público sobre la financiación de partidos políticos a fundaciones dependientes y a candidatos.

Medioambiente

Se trata del área que mayor puntuación obtiene en base a la calidad de la información (50,39 puntos sobre 100). Sin embargo la información reportada es bastante irregular al estar concentrada en áreas como por ejemplo las políticas medioambientales dejando grandes lagunas en otras materias como la gestión del agua, la gestión de materiales o la biodiversidad.

 

NUEVO – INFORME 2017   

[1] Las empresas obligadas por el Real Decreto-ley 18/2017 tienen la obligación de presentar un informe de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Este estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a estas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa o en un informe separado que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión.

[2] De acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, la lista de la OCDE y la lista de la Comisión Europea publicada en 2017.

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