En la actualidad existen diversas iniciativas nacionales e internacionales que regulan, promueven e impulsan la responsabilidad social, tanto con normas vinculantes como a través de políticas de promoción e incentivo.
Por su parte el gobierno español a partir de las indicaciones dadas por la Comisión Europea ha aprobado, en 2014, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas y está en proceso de aprobación el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos con el fin de generar un conjunto de políticas que mejoren el impacto de las empresas tanto en España como en cualquier país tercero donde tengan actividad.
La Unión Europea, incluye los distintos organismos e instituciones que mediante comunicaciones y disposiciones comunitarias inciden en el cumplimiento de las normas internacionales y en la promoción de la responsabilidad social corporativa en los Estados Miembros. Para ello, ha desarrollado un marco de referencia común en la materia y es la instancia regional supranacional de referencia para el gobierno español.
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han trabajado activamente en la generación de un marco sobre la responsabilidad social de las empresas:
En el año 2000, la Cumbre de Lisboa estableció como objetivo convertir a Europa en una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor cohesión social. Con el fin de cumplir este objetivo se acuerda iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes interesadas y se publica en julio de 2001 el llamado “Libro Verde” (Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas) que plasma las líneas de la política gubernamental europea en RSC.
La Comisión Europea desde el año 2002 ha emitido diversas comunicaciones en materia de RSC, siendo la última “Una nueva estrategia de la UE 2011-14 sobre Responsabilidad Social Corporativa“ 25 de noviembre de 2011.
Desde el año 2009 trabaja activamente en transparencia no financiera, y empresa y derechos humanos. Estos trabajos han desembocado en la aprobación en abril de 2014, en la “Directiva sobre divulgación de información no financiera“.
El Parlamento encargó en 2006 a su portavoz sobre responsabilidad social de las empresas, Richard Howitt, un análisis del estado de las políticas comunitarias en la materia. El Informe sobre la Responsabilidad Social de las Empresas: Una nueva asociación, o más conocido como “Informe Howitt”, fue aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2007.
En el ámbito de RSC son destacables las iniciativas de:
En el periodo 2005-2011 con John Ruggie como Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y empresa, la labor en esta materia ha sido intensa y ha culminado con la aprobación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.