UE y Agenda 2030 no refleja la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
El pasado 22 de Noviembre, la Comisión Europea puso de relieve en su «Comunicación sobre los próximos pasos en pos de un futuro sostenible para Europa» como sus prioridades políticas participan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el enfoque estratégico de la Comisión, se destacan algunos pasos que se van a seguir:
- Se prevén 2 líneas de trabajo para contribuir a la Agenda 2030: por una parte integrar los ODS en las prioridades ya definidas por la Comisión y, por otra parte, reflexionar más allá sobre las políticas sectoriales para después de 2020.
- La Comisión se compromete a utilizar todos los instrumentos a su disposición para asegurar la toma en cuenta del desarrollo sostenible en todos sus aspectos (social, medioambiental y económico) en las políticas actuales y futuras.
- Se prevé la creación de una plataforma multilateral –con actores públicos y privados- para seguir la aplicación de los ODS y compartir buenas prácticas.
- Se hará periódicamente, a partir de 2017, un informe de los avances de la UE en este ámbito.
La agenda de la Comisión pretende marcar una hoja de ruta para la consecución de los ODS y establece que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por todos: estados, ciudadanos, organizaciones y empresas.
Desde ECCJ (European Coalition for Corporate Justice), en un comunicado publicado el 23 de noviembre, se subraya el papel decisivo que tiene que jugar la UE en la creación de un futuro más sostenible. Sin embargo pone en evidencia que la nueva agenda no refleja la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro, así como de prevenir y mitigar los daños que pudieran causar.
Además ECCJ se lamenta que la comunicación de la UE no ofrece nueva información sobre la puesta en marcha de los ODS e insiste en que los pasos anunciados forman parte de políticas ya existentes. Por último remarca que se necesitan, en este ámbito, legislaciones fuertes y mecanismos efectivos de aplicación.
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