Las empresas del IBEX 35 deben aplicarse si quieren estar preparadas ante los nuevos requerimientos de la futura legislación europea sobre empresas y derechos humanos
La información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos es la peor valorada de todas las áreas analizadas, teniendo un amplio margen de mejora.
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó este miércoles el capítulo de Derechos Humanos de su informe anual “La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35″, referente a 2019.
La principal conclusión es que las empresas del IBEX 35 tienen un amplio margen de mejora de la información que ofrecen sobre la gestión del riesgo en el ámbito de derechos humanos, tanto en lo relativo a su calidad y profundidad como en su cantidad. Pese a que la puntuación obtenida por las empresas analizadas en materia de derechos humanos en el ejercicio 2019 ha mejorado ligeramente respecto al ejercicio anterior, pasando de 21,03 a 22,78 puntos sobre 100, aun así, sigue manteniendo el peor promedio de todas las áreas analizadas.
Las 6 primeras empresas del ranking son: Endesa, Inditex, Iberdrola, Acciona, Telefónica y Naturgy. Las 6 empresas peor valoradas son: Indra, Acerinox, Grifols, Mapfre, ACS y Ferrovial.
En cuanto a las dimensiones analizadas, las empresas facilitan más información y de mayor calidad sobre la política de derechos humanos, mientras que permanecen prácticamente invariable la información sobre gestión de la debida diligencia (17,13 puntos), gestión de la cadena de suministro (26,52 puntos) y mecanismos de acceso a remedio (12,75 puntos).
Muchos compromisos de respeto de los derechos humanos pero muy pocos procedimientos de gestión.
El avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad de las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente es una realidad y se espera que en junio de 2021 la Comisión Europea publique una propuesta legislativa en forma de directiva que responsabilice a las empresas por sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministro. [2]
El análisis realizado por el Observatorio de RSC destaca que, pese a que cada vez son más las empresas del IBEX 35 que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, sin embargo, aún son pocas (13 empresas) las que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia y que será exigido por la nueva legislación [3].
En este contexto, “las empresas del IBEX 35 van a tener que pisar el acelerador si quieren estar preparadas ante los cambios legislativos que se avecinan en Europa en materia de debida diligencia”, indica Isabel Tamarit, responsable de derechos humanos en el Observatorio de RSC.
La información sobre gestión de los derechos humanos en los Estados de información no financiera es incompleta
Pese a que la entrada en vigor de La Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad [4] ha tenido un efecto positivo en la calidad de la información de Responsabilidad Social Corporativa que aportan las empresas del IBEX 35, los indicadores de derechos humanos siguen recibiendo un cumplimiento menor.
El análisis, de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC, revela que ninguna empresa reporta de manera completa en el estado de información no financiera lo requerido por la ley 11/2018 en relación con la gestión de riesgos e impactos en los derechos humanos. Ninguna empresa informa del desglose de riesgos a corto, medio y largo plazo, o medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos.
“Las empresas del IBEX 35 tienen que mejorar la calidad de la información de sus estados de información no financiera, sobre todo ahora que la Comisión Europea ha anunciado cambios más exigentes con la propuesta de reforma de la Directiva sobre los informes de sostenibilidad de las empresas”, añade Isabel Tamarit.
A pesar de las carencias de información detectadas, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes de verificación del estado de información no financiera relacionada con la información sobre derechos humanos del ejercicio 2019, al igual que ocurriera con el de 2018.
