La Ley 19/2013 de transparencia ha cumplido ya una década, situándose como una herramienta clave para reforzar la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Aunque su aplicación se asocia habitualmente al sector público, la norma también impone obligaciones de publicidad activa a empresas y otras organizaciones que superen ciertos umbrales de financiación pública.
Sin embargo, la fotografía actual dista mucho del propósito de la Ley. Tal como revela el nuevo informe, el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las grandes empresas sigue siendo muy limitado.
Este déficit de transparencia tiene especial relevancia en un ámbito tan sensible a los riesgos de corrupción como la interacción entre empresas y administraciones públicas. La falta de información clara sobre subvenciones, convenios y contratos impide a la ciudadanía ejercer un control efectivo y limita el avance hacia una cultura real de integridad corporativa.
El informe concluye que, pese a sus limitaciones, la Ley de 2013 continúa siendo un instrumento valioso pero infrautilizado, y apunta a la necesidad urgente de mejorar su cumplimiento por parte del sector privado para fortalecer la prevención del fraude y promover una gestión verdaderamente responsable de los fondos públicos.