Incumplir las normas del derecho de la competencia, hecho al que nos tienen muy acostumbrados las empresas de sectores oligopolistas como el de comunicaciones, las eléctricas o petroleras afecta a la actividad económica y por tanto a la recuperación de la crisis.
Acabamos de conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multa a Telefónica con 26 millones de euros por imponer compromisos de permanencia incluidos en sus contratos a PYME, que «limitan injustificadamente la capacidad de los clientes de cambiar de operador».
Sería más aconsejable que estas empresas en lugar de realizar actos pomposos en favor de la sostenibilidad, cumpliesen la normativa que garantiza el libre mercado y no abusasen de su posición de dominio.
Si la responsabilidad social está basada en impactos, cabría preguntarse qué impactos tiene sobre los ciudadanos, la industria, la economía, los ingresos públicos, la afamada competitividad y productividad que tanto predican los presidentes de las grandes empresas, que tengamos un peor acceso a las nuevas tecnologías que nuestros países vecinos o que paguemos más por la energía que consumismos.