Más de medio millón de personas de todo el mundo han exigido una legislación europea sólida que obligue a las empresas a rendir cuentas por su impacto en los derechos humanos, incluidos los derechos sindicales y de los trabajadores, y en el medio ambiente.
Estas peticiones se han realizado en el marco de la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para obtener la aportación de los ciudadanos y las organizaciones sobre la nueva legislación de la UE en materia de responsabilidad de las empresas, cuya publicación está prevista para junio de 2021.
Aproximadamente 700 grupos de la sociedad civil, sindicatos e instituciones académicas de todo el mundo también han aportado sus opiniones. Esto significa que los ciudadanos y las organizaciones que trabajan directamente en el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos sindicales y laborales, y las cuestiones medioambientales están alzando sus voces conjuntamente.
Los participantes exigen una nueva y fuerte ley de la UE que obligue a todas las empresas a identificar, prevenir y abordar sus riesgos e impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor. Las empresas deben ser consideradas responsables de las prácticas nocivas en sus países de origen y en el extranjero y enfrentarse a fuertes sanciones si incumplen las normas.
Los trabajadores, los sindicatos y las comunidades locales, indígenas y marginadas deben ser actores principales y fuente de aportaciones a la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. Debe haber un compromiso obligatorio y significativo con las partes interesadas que se ven afectadas por las actividades de las empresas, incluyendo un compromiso específico para acceder a los sindicatos, los trabajadores y las comunidades que pueden enfrentarse a barreras para participar en otros procesos.
Todas las propuestas exigen que las víctimas de los abusos de las empresas puedan buscar justicia y exigir responsabilidades a las empresas mediante el acceso a los tribunales de la UE y a las demandas civiles.
Las propuestas fueron recogidas por dos campañas distintas, una dirigida por Global Witness, Anti-Slavery International y Clean Clothes Campaign, en colaboración con Avaaz, y la otra dirigida por Amigos de la Tierra Europa, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Coalición Europea por la Justicia en las Empresas (ECCJ), la Cámara Austriaca del Trabajo (AK) y la Federación Sindical Austriaca (ÖGB), en colaboración con WeMoveEurope y SumOfUs y con el apoyo de más de 150 grupos de la sociedad civil.
