La prevención es la llave pero necesita ser reforzada legalmente.
En el tercer día de sesiones en Ginebra se debatieron las obligaciones de debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos. El debate giró en torno al capítulo 4 del Borrador sobre “medidas preventivas”. La Sala mostró un amplio consenso acerca de que la prevención es el factor clave para tratar el tema del impacto sobre los derechos humanos en el marco de la acción empresarial.
Las diferentes delegaciones que intervinieron subrayaron de manera general la importancia de los mecanismos de debida diligencia, con la excepción de Rusia, que se opuso a la inclusión de este apartado. Muchos estados como Sudáfrica, Namibia, Brasil y Palestina respaldaron la tesis de la urgencia de dichos mecanismos de protección. Con gran sorpresa no se mencionó el papel de las empresas en el grave asunto de los minerales de conflicto o de las operaciones de las empresas en situaciones generales de conflicto.
La postura de la UE ha sido básicamente la misma que en anteriores días, por un lado se refirió a la prevención como un “objetivo compartido” por el otro siguió planteando muchas preguntas de clarificación en torno a la cuestión de cómo las obligaciones del Tratado se aplicarán a las pequeñas y medianas empresas.
Las necesidades expresadas por parte de muchos delegados de reforzar los principios de debida diligencia en materia de derechos humanos subrayan una vez más que los mecanismos voluntarios de las empresas para identificar, prevenir, remediar y rendir cuentas del impacto de su acción sobre los derechos humanos son insuficientes. En la tercera sesión se tomó conciencia de esta realidad. Se han ilustrado además las reformas que se han desarrollado en Estados como Francia. Francia, de hecho, ha sido el único país de la Unión Europea que tomó el escenario enfatizando el papel de sus provisiones jurídicas en materia de responsabilidad social corporativa.
También hubo intervenciones por parte de representantes de la Sociedad Civil en torno a los asuntos de la agenda. Se produjo un vasto respaldo a las medidas de prevención y de debida diligencia para las empresas. Se quiere garantizar un satisfactorio nivel de información y de transparencia en los proyectos empresariales, asimismo promover la verdadera participación de las comunidades afectadas.
Las lagunas existentes en la rendición de cuentas ya no se cuestionan.
Los dos últimos ítems tratados en esta tercera sesión son la responsabilidad de la empresa y el acceso a la justicia (capítulos cinco y seis del Borrador). Con respecto a estos asuntos, la intervención del delegado de la Santa Sede hizo referencia directamente a la asimetría en el marco del derecho internacional entre derechos y deberes de las empresas, las cuales pueden evadir su rendición de cuentas. La firme oposición de Rusia a lo afirmado por muchos delegados refleja la amplia variedad en cuanto a la gestión del asunto por parte de los sistemas domésticos de justicia con respecto a este tema. Carlos López de la Comisión Internacional de Juristas afirmó la necesidad de incluir en el tratado una clara referencia a las vulneraciones más graves de derechos humanos, equivalentes a crímenes internacionales como genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y crímenes de guerra.
La conducta de la Unión Europea vuelve a repetirse, tanto cuando el delegado afirma que el acceso al remedio por parte de las víctimas de crímenes corporativos es un “objetivo compartido” como cuando planteó diferentes dudas lingüísticas sobre los conceptos de complicidad, participación y beneficios en el marco de abusos de los derechos humanos.
Acceso a la justicia: el acuerdo que más se necesita.
A pesar del cansancio acumulado en las anteriores sesiones, la urgencia del asunto ayudó a conseguir una intensa participación. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dirigió la atención hacia los informes que ya contienen varias recomendaciones, y recordaron a la sala que el siguiente Fórum, en noviembre, estará enfocado en el acceso a remedio. Richard Meeran, representante de un despacho de abogados involucrado en procedimientos jurídicos sobre medioambiente y derechos humanos trajo una nueva perspectiva al debate: las comunidades que siguen buscando justicia en litigios contra empresas transnacionales y que se tienen que enfrentar a obstáculos procesales importantes como la doctrina del forum non conveniens, el velo corporativo, la imposibilidad de obtener los documentos de las empresas y los cada vez más prohibitivos costes de los procesos.
La gran participación acerca de este asunto permitió llegar al punto más importante de la jornada: un acuerdo general (con la importante excepción de Rusia) sobre la existencia del problema. Los delegados de la UE expresaron su consentimiento al párrafo introductorio de acceso a la justicia. El delegado anunció además que la Comisión Europea ha pedido a FRA ( Fundamental Rights Agency) la investigación de los mecanismos judiciales y no judiciales de acceso a la justicia en los diferentes Estados Miembros. Asimismo el Delegado cuestionó aquellos elementos que tienden ir más allá de las ya existentes obligaciones para los Estados.
Las demás intervenciones fueron muy constructivas. En particular, países de Latinoamérica (como Brasil y Venezuela) afirmaron la necesidad de los mecanismos extrajudiciales y recordaron el problema de la falta de una jurisdicción común en casos de empresas transnacionales.
Finalmente, las intervenciones de la sociedad civil han estado colmadas de propuestas, entre todas se enfatizó la utilidad del Tratado para solucionar las lagunas en el acceso a la justicia.
La específica necesidad de dar una respuesta a las amenazas y los obstáculos a los cuales se enfrentan las mujeres ha sido también marcada por parte de muchos panelistas. Las mujeres no son solo particularmente afectadas por los abusos corporativos de los derechos humanos, sino que además se enfrentan a problemas adicionales a la hora de acceder a la justicia.
Conclusiones:
La tercera jornada proporcionó una más profunda y productiva discusión en torno a los asuntos claves concernientes a las empresas y derechos humanos. Se produjo un cambio en la actitud de los delegados de la UE, quienes siguieron expresando sus reservas hacia el proyecto en su totalidad, pero con intervenciones más constructivas y de respaldo hacia algunos temas establecidos en el Borrador.
A parte de la notable intervención de Francia, ninguno de los otros Estados Miembros hizo intervenciones. No cabe duda de que la participación individual de los Estados Miembros es crucial, no solamente porque puede otorgar un valor añadido al debate, sino también porque se exige, en calidad de Miembros de las Naciones Unidas, que tomen activamente parte al proceso. Cuantas más contribuciones haya a lo largo de estos días cruciales más inclusivo será el futuro Tratado.
Este texto es una adaptación y traducción del texto publicado por ECCJ
