Artículo de Mario E. Sánchez Richter. Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas, CCOO
CCOO se ha adherido a la iniciativa coordinada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) en la que participan confederaciones sindicales internacionales de 19 países, federaciones sindicales nacionales de 5 países y 6 organizaciones sindicales internacionales e insta a las comisiones de control de los fondos de pensiones del sistema de empleo a incorporar estas cuestiones en sus Declaraciones de Principios de Políticas de Inversión y en sus funciones de control y supervisión de las inversiones.
La capacidad de los fondos de pensiones para generar, a nivel mundial, rendimientos a largo plazo depende de una economía sana, que esté afianzada en un sistema fiscal justo. A través de los impuestos se financian servicios esenciales que permiten que las comunidades, las empresas y las inversiones prosperen. Los intentos de aumentar la rentabilidad a corto plazo a través de una planificación fiscal agresiva socavan la economía así como el clima y el entorno de la inversión en general, poniendo en riesgo los beneficios a largo plazo y haciendo peligrar los ingresos de los trabajadores y la seguridad de su jubilación. Por otra parte, la reducción de impuestos concedida a empresas e inversores pone en peligro los ingresos públicos y la capacidad de los gobiernos para financiar adecuadamente las pensiones públicas. En última instancia, son los ciudadanos de a pie, incluyendo los beneficiarios de los fondos de pensiones, los que pagan la factura.
En la esfera mundial, los gobiernos del G20 han aprobado el Plan de Acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), incluyendo 15 acciones concretas destinadas a reformar las normativas fiscales nacionales e internacionales para finales de 2015 a fin de garantizar que los beneficios fiscales se asignen en caso de que exista una actividad empresarial real. El Plan de Acción de BEPS encuentra actualmente una tenaz resistencia de parte de grupos empresariales y las grandes empresas multinacionales. Es importante que los fondos de pensiones y otros propietarios de activos a largo plazo subrayen su diferencia y se manifiesten para apoyar, y no para debilitar, este programa fiscal mundial.
Por todo ello, CCOO se ha adherido a esta iniciativa y junto a los sindicatos y las federaciones sindicales nacionales e internacionales firmantes instan a los grandes fondos de pensiones de los trabajadores, incluyendo los fondos que cubren los planes de múltiples empleadores y los sectoriales, a:
1. Llevar a cabo una evaluación interna de las prácticas fiscales de las inversiones existentes con el fin de:
- Determinar la extensión de las prácticas fiscales inadecuadas (uso de jurisdicciones que aplican el secreto fiscal o paraísos fiscales, precios de transferencia, financiación intragrupo, etc.).
- Analizar los riesgos jurídicos y de reputación, el impacto sobre la base imponible y las repercusiones sobre los rendimientos de estas prácticas fiscales durante el ciclo de vida de la inversión y, de ser posible y apropiado, modificar las prácticas fiscales.
2. Integrar consideraciones fiscales responsables en los procesos de debida diligencia y evaluación para todo nuevo mandato de inversión y exigir a los administradores internos y externos de los fondos que presenten información sobre las prácticas fiscales.
3. Colaborar con las empresas correspondientes, en tanto que accionistas, para fomentar la divulgación voluntaria de los pagos de impuestos, incluyendo el desglose de ingresos país por país y el hecho de contar con filiales en jurisdicciones que aplican el secreto fiscal.
4. Divulgar las políticas fiscales responsables y presentar un informe anual sobre las medidas adoptadas para poner solución o mitigar las prácticas fiscales inadecuadas.
5. Promover modificaciones en las normativas mundiales con el fin de garantizar la divulgación pública de los pagos de impuestos corporativos y comprometerse con la comunidad de inversores a adoptar un enfoque fiscal responsable de conformidad con el espíritu de la ley y con la intención de los códigos tributarios, tal como lo prevé el Plan de Acción BEPS del G20/OCDE
En España, los fondos de pensiones tienen un menor volumen de patrimonio y unos recursos internos más limitados que los grandes fondos de pensiones internacionales. No obstante, también pueden y deben tener en cuenta el cumplimiento de lo anterior y solicitar a sus gestores de activos que presenten información sobre las prácticas fiscales y que se adhieran a las iniciativas de colaboración, según proceda en cada caso.
Si los fondos de pensiones no integran los riesgos fiscales en su política de inversión, pueden exponerse a riesgos innecesarios de orden normativo, financiero y de reputación. La agresiva evasión fiscal corporativa puede reducir los futuros flujos de efectivo como consecuencia de cargas fiscales inesperadas, minar la rentabilidad a largo plazo y ejercer un impacto significativo en la confianza de los inversores. En caso de que los administradores de fondos de pensiones no tomen las medidas adecuadas para hacer frente a la evasión fiscal agresiva, podrían ser considerados responsables si éstas prácticas llegan a poner en peligro la salud de los fondos o incorporen unos costes innecesarios para los fondos y sus beneficiarios.
