Dentro de la serie de debates denominados «Diálogos para la Acción«, el Observatorio de RSC organizó el pasado 10 de junio un debate en el que se reflexionó sobre las obligaciones fiscales de las empresas como eje de la responsabilidad social.
Participaron Juan A. Gimeno (Ex Rector y Catedrático de Economía Aplicada de la UNED), Jordi Sevilla (Ex Ministro de Administraciones Públicas), Susana Ruiz (responsable de Justicia Fiscal de Intermón Oxfam) y Carlos Cordero (Director de la Consultora Sustentia). Se abordaron aspectos importantes de la obligación ciudadana de pagar impuestos.
El punto de partida fue que el estado no es recaudador de impuestos sino gestor del bienestar social. Para conseguir el nivel deseable de bienestar social se financia con los impuestos que graba a los ciudadanos y a las empresas. Esto tiene como consecuencia que el uso de “agujeros” de la legislación fiscal por los que se pueden eludir los pagos que deberían ser asumidos es interpretable como comportamiento contra la sociedad. Lo que es extensible a todos, especialmente a la ingeniería fiscal de las grandes empresas cuyo objetivo es “optimizar” los pagos al estado, entendiendo en ello el aprovechamiento de todos esos “agujeros” legales para dejar de pagar.
Una vez consensuada la obligación fiscal como compromiso social, se habló de la necesaria transparencia en todos los datos de la empresa, también en los fiscales, especialmente en las empresas multinacionales que tienden a aprovechar las posibilidades que le ofrecen las diversas legislaciones nacionales donde están, concentrando pérdidas allá donde las tasas impositivas son más altas y beneficios donde son más permisivas (lo que se conoce como “transferencia de beneficios”, BEPS, por sus siglas en inglés). Lo cual, la OCDE intenta controlar mediante su “Plan de Acción frente a la erosión de las bases fiscales y transferencia de beneficios de las multinacionales”, plan aprobado por el G20. “Trata de redefinir la normativa internacional en materia fiscal para reducir la transferencia de beneficios y garantizar que las empresas tributen allí donde tiene lugar la actividad económica y se cree valor. El Plan de Acción debería estar preparado para ponerse en marcha a finales de 2015. Sin embargo, existen varias razones por las que este proceso, en sus condiciones actuales, no dará como resultado el establecimiento de sistemas fiscales más progresivos en los que las empresas multinacionales paguen los impuestos que les corresponden allí donde se genera valor”. (Ver el Informe de Intermón Oxfam “NEGOCIOS ENTRE AMIGOS. Por qué la reforma fiscal mundial todavía no quita el sueño a las empresas que evaden impuestos”.
Otro aspecto importante que se trató fue el de la equidad fiscal, sobre todo en la comparación entre la escasa aportación fiscal de la gran empresa (en torno al 3,5% de sus resultados, como media) frente a la pequeña empresa o el autónomo (cercanos al 20% sobre los beneficios, también como media). Pero más disonancia produce la distorsionada comparación entre las rentas del capital y del trabajo, inexplicable desde el punto de vista de responsabilidad social.
Se concluyó la necesidad de establecer políticas públicas que eliminen toda posibilidad de elusión fiscal, aseguren la transparencia y la equidad social en el pago de los compromisos con el Estado. Pero, de manera contundente, se insistió en reforzar comportamientos de transparencia en la Administración Pública, de forma que sea evidente que el pago de impuestos repercute en el bienestar social y no se diluyen las obligaciones fiscales en “picarescas” derivadas de una compleja ingeniería fiscal o de extraños mecanismos cercanos, sino identificados, con procesos de corrupción. Todo ello enmarcado en una necesaria armonización fiscal internacional que impida la transferencia de beneficios.
En el debate se despertaron sugerencias importantes, como que la RSE no debe basarse en la literalidad de la ley sino en el “espíritu” que la fundamenta, de forma que se cumpla desde el objeto que la constituye y no desde los recovecos que se encuentren para eludir obligaciones fiscales. Pero esto se enmarca en comportamientos sociales generosos, que no todas las empresas, desafortunadamente, tienen (ni la cultura fiscal dominante entre la ciudadanía lo contempla).
El objetivo de Diálogos para la Acción es doble: bajar al lenguaje habitual de la gestión empresarial temas nucleares de la gestión responsable socialmente y la generación de propuestas que promuevan cambios de los modelos actuales que se han mostrado ineficaces.
