Los procesos hacia iniciativas legislativas obligatorias de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente en Europa son lentos y no siempre fáciles.
El pasado 29 de diciembre, Suiza ha votado “No” a la iniciativa popular por las Empresas Responsables relacionada con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. La iniciativa pretendía introducir en la Constitución la responsabilidad de las multinacionales suizas cuando sus actividades comerciales en el extranjero vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medioambiente.
La iniciativa apoyada desde organizaciones de sociedad civil, un amplio apoyo de sectores empresariales, políticos y partidos de centro-derecha, 450 grupos de voluntarios locales, no ha pasado el corte por muy poco. Pese a que una mayoría de ciudadanos con derecho a voto se han pronunciado a favor (el 50,7%), sin embargo, cerca de dos tercios de los cantones la han rechazado, por lo que la iniciativa no ha pasado el corte.
Tras este rechazo, entrará en vigor a lo largo de 2021 la propuesta del gobierno que requerirá que las empresas informen públicamente de los controles de sus operaciones y cadenas de suministro en el extranjero, medidas hasta ahora voluntarias, pero que no llegará a extender la responsabilidad a los tribunales suizos.
En esta ocasión no ha podido ser pero, de lo que no hay duda es que, la actitud de la ciudadanía está cambiando y cada vez más se pide acabar con la impunidad corporativa.