La remuneración variable puede ser un ámbito idóneo para orientar las decisiones de los directivos hacia un mejor desempeño en materia Ambiental, Social y de Gobierno (ASG). En España, el Código de Buen Gobierno establece que esté ligada a criterios medibles de rendimiento y promueva la sostenibilidad a largo plazo: “la remuneración variable de los consejeros ejecutivos se debe establecer sobre la base de criterios que guarden relación con su rendimiento y con factores financieros y no financieros, que sean medibles y que promuevan la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa en el largo plazo”.
Según el análisis anual del Observatorio RSC acerca de la información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35, presentado el 10 de abril, la práctica totalidad de las empresas del índice bursátil (34 empresas) mencionaron contar con objetivos ASG en sus sistemas de retribución variable respecto al ejercicio 2022.
Se trata de incentivos anuales y/o a largo plazo, en los cuales los criterios ASG tienen un peso entre el 10 y el 25% en la mayoría de los casos. Afectan a los consejeros ejecutivos, entre los cuales se encuentran figuras como el consejero delegado o el presidente ejecutivo de la compañía. De acuerdo con los datos recogidos por CNMV en su Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de las sociedades cotizadas (IARC), este tipo de criterios de sostenibilidad estarían incluidos en un 85% de las empresas del IBEX 35 en cuanto a las remuneraciones a corto plazo y en un 62% en los incentivos a largo plazo.
El análisis del Observatorio RSC señala un progreso significativo respecto a las 28 empresas que cumplían con este indicador en 2021, continuando la tendencia positiva observada en los últimos años. En 2018, solo 6 empresas afirmaban considerar estos criterios, cifra que aumentó a 11 en 2019 y a 20 en 2020. Esto representa uno de los indicadores con mejor evolución en el ámbito del Buen Gobierno en los últimos años.
A pesar de esta tendencia mayormente positiva, la información sobre los indicadores empleados para evaluar el cumplimiento es bastante limitada: solo 11 de las 34 empresas que dicen considerar criterios ASG, detallan los objetivos y métricas que determinan el nivel de cumplimiento de los objetivos de remuneración variable vinculados a dichos criterios.
Por un lado, se observa una tendencia a menciones generales como “desarrollo de la estrategia de sostenibilidad” sin detallar los temas prioritarios u objetivos específicos, ni cómo se medirá este progreso. Por otro lado, se hace referencia a objetivos como la igualdad de género en los puestos de responsabilidad o la reducción de emisiones de CO2, pero sin proporcionar datos sobre cómo se evaluará el cumplimiento de estos objetivos. Además, en ciertos casos se incluyen en los criterios no financieros métricas que no se corresponden plenamente con criterios de RSC (como el Net Promoter Score, o posibilidad de que un cliente recomiende la empresa a otras personas).
Es importante señalar la brecha entre las empresas del IBEX 35 y otras empresas cotizadas, donde el porcentaje de empresas que incorporan criterios ASG desciende al 49%, e incluso disminuyendo respecto al año anterior (50% en 2021), según la CNMV.
A la vista de los datos ofrecidos por el Observatorio RSC, cabe concluir que las empresas del IBEX 35 han incorporado criterios ASG de manera generalizada. Aunque cada vez más compañías informan sobre los componentes y criterios de cálculo de los incentivos a corto o largo plazo, aún están lejos de cumplirse de manera generalizada. La CNMV, en su informe anual sobre remuneraciones de 2022 ha demandado “explicaciones más específicas y completas acerca de la evaluación que se haga sobre el grado de cumplimiento de los parámetros no financieros” sobre los IARC emitidos por las empresas para el ejercicio 2023.
En resumen, aunque se ha avanzado en la incorporación de criterios ASG en los esquemas de remuneración variable de las empresas del IBEX 35, todavía se necesita mejorar la transparencia en la elección, ponderación y evaluación de estos criterios. La falta de transparencia puede generar cierta incertidumbre acerca de la materialidad e idoneidad de los parámetros establecidos en relación a los temas de sostenibilidad relevantes para la empresa, o bien acerca de la objetividad a la hora de evaluar el desempeño en relación a dichos criterios.
