ECCJ, organización a la que pertenece el Observatorio de RSC, junto con otras organizaciones de sociedad civil dan la bienvenida al informe de la Comisión Europea sobre los requerimientos de debida diligencia en las cadenas de suministro de empresas e instituciones financieras.
Los resultados del estudio, publicado el 24 de febrero de 2020, afirman que las medidas voluntarias llevadas a cabo en dicho campo son insuficientes y que existe una urgente necesidad de establecer una regulación a nivel europeo, en pos de proteger a los trabajadores, a las comunidades y al medioambiente de los impactos que afectan a los derechos humanos y al medioambiente vinculados con prácticas a través de las cadenas de suministro de las empresas e instituciones financieras.
Según las organizaciones, con este estudio la Comisión Europea está dando un gran paso para que en la Unión Europea se cumpla con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es hora de que la UE apruebe medidas obligatorias para cumplir con su deber de protección de los abusos empresariales, como el acaparamiento de tierras, abusos sobre los derechos humanos, la muerte de defensores de derechos humanos, el trabajo infantil, la violencia de género, la deforestación y la degradación del medioambiente.
La carta expone que los ciudadanos reclaman respuestas y se demanda a la Comisión Europea que inicie de manera urgente el proceso de legislación en materia de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, en la que se debe ver incluido el acceso a la justicia por parte de las víctimas afectadas.
