El Observatorio de RSC ha trabajado un documento para presentar a los partidos políticos con el objetivo de que lo integren en sus compromisos electorales. Siempre pensando que estos compromisos significan un contrato social que cumplirán cuando estén en el poder. Es un documento extenso porque aborda todos los aspectos que tiene que ver con el marco legislativo que afecta a la empresa, a la gestión de lo público y a aspectos de la economía. El motivo de fondo es que la RSC no es un “envoltura” marginal de la acción de la empresa en la sociedad, sino estructural. La sociedad alimenta a la empresa y ésta vive y se relaciona con la sociedad. Es una relación interactiva que se ha de basar en comportamientos respetuosos con las personas y el entorno así como en la veracidad de la oferta. Pero esto no se realizará en su contenido real si no está apoyado por el abanico legislativo y normativo que comprende la acción empresarial y económica. La empresa, y los poderes públicos, son responsables de sus impactos en las personas con las que se relacionan y en el entorno donde actúan. Esta responsabilidad debe ser contemplada desde las intenciones y desde las obligaciones legales, de forma que tenga consecuencias si no se asume la responsabilidad de los posibles impactos negativos.
La Comisión Europea, en su comunicación sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (COM (2011) 681 final), establece para “los poderes públicos una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones reguladoras, para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas”. La transparencia y el rendir cuentas deben dejar de ser una intención para ser una obligación. Por ello, esta obligación debe contemplarse en todo el marco legislativo.
Por lo que el Observatorio de RSC entiende:
- Que se debe estructurar, de forma coordinada, un desarrollo de políticas públicas a favor de la RSC que se implementen transversalmente desde la Administración Central: es función importante de los gobiernos establecer políticas públicas que normalicen, regulen y formalicen las relaciones sociales, en especial las de la empresa con sus grupos de interés.
- Que el Estado ha de instrumentar sus relaciones con la empresa teniendo en cuenta cuestiones de RSC dentro de la esfera de su actuación como contratista, consumidor, inversor o financiador; ha de tener en cuenta criterios de RSC a la hora de diseñar sus políticas públicas, actuaciones y leyes.
- Que los Poderes Públicos deben apoyar el desarrollo responsable de las empresas para que en los próximos años, y en concordancia con el ordenamiento jurídico en vigor y con la sensibilidad y la demanda de los ciudadanos, las empresas españolas adopten una gestión responsable tanto en España como en sus actividades en el extranjero, asumiendo la responsabilidad legal por las actuaciones ilícitas, también las desempeñadas por sus subcontratistas, e impulsando la adopción de criterios de RSC en su cadena de proveedores.
- Que se deben integrar en toda la legislación regulatoria de la actividad empresarial los conceptos que rigen la RSC y la obligación de cumplir los tratados internacionales que obligan al Estado español para asegurar los siguientes objetivos: a) que las obligaciones y los compromisos de las entidades públicas y privadas cumplan con las normas reguladoras de la RSC; b) que existan organismos supervisores eficaces y responsables legalmente de la veracidad de su tarea; c) que la acción global de la empresa responda al mismo esquema de valores de forma eficaz; d) que la RSC integre aspectos esenciales como transparencia, control de auditorías y compromiso con las partes interesadas; e) que la normativa que regule la RSC se refleje en todo el marco legislativo; f) que los concursos públicos discriminen negativamente a las entidades que se comporten contrariamente a la RSC.
Poner en valor la RSC en la agenda política se apoya en plurales razones que tienen mucho que ver con la función de los políticos, especialmente si desean apoyar la construcción de una sociedad equitativa. Los impactos que la empresa genera en la construcción social no son ni neutros ni indiferentes al convivir de los ciudadanos. Influyen y su percepción tiene consecuencias en la aceptación o en el rechazo de la oferta que se lanza al mercado. Concebir a la empresa como una “unidad productiva que tiene como objetivo maximizar el beneficio” es una idea de la acción empresarial ya superada en la cultura ciudadana. Y esto a los políticos no les puede ser indiferente. Por ello, es preciso apoyar la necesaria intervención pública en estos temas incluyendo diferentes argumentos y valores que se vierten a favor de la RSC desde distintas ópticas e intereses: éticos, económicos o sociales, políticos.
Los aspectos de la responsabilidad social deben ser considerados de interés público y no exclusivamente privado ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y venidera. Por tanto, debe ser la sociedad, a través de sus representantes públicos, quien decida los límites al uso de dichos recursos y las cuestiones básicas de RSC que deben garantizarse desde los poderes políticos públicos.
Finalmente, es preciso constatar que Incorporar la RSC a la gestión de la empresa no es solamente una cuestión de obligación social, (las mayores economías del mundo están en manos de multinacionales), sino de oportunidad económica. Las empresas que asuman que en un mercado competitivo las diferencias de los servicios y productos que ofrecen guardan estrecha relación con determinadas variables (calidad, precio, veracidad de la oferta, proceso productivo sostenible y respetuoso…) entenderán que, también, su responsabilidad con la sociedad tiene relación con el desarrollo sostenible.
De todo esto debatiremos con partidos políticos en un nuevo Diálogos para la Acción que bajo el nombre, La Responsabilidad Social Corporativa. Marco de propuestas para el desarrollo de políticas públicas, tendrá lugar el jueves 22 de octubre en Madrid. El acceso es libre pero es imprescindible la inscripción por motivos de aforo.
Marcos de Castro es director de los “Diálogos para la Acción” del Observatorio de RSC.
