El Observatorio de RSC ha trabajado un documento para presentar a los partidos políticos con el objetivo de que lo integren en sus compromisos electorales. Siempre pensando que estos compromisos significan un contrato social que cumplirán cuando estén en el poder. Es un documento extenso porque aborda todos los aspectos que tiene que ver con el marco legislativo que afecta a la empresa, a la gestión de lo público y a aspectos de la economía. El motivo de fondo es que la RSC no es un “envoltura” marginal de la acción de la empresa en la sociedad, sino estructural. La sociedad alimenta a la empresa y ésta vive y se relaciona con la sociedad. Es una relación interactiva que se ha de basar en comportamientos respetuosos con las personas y el entorno así como en la veracidad de la oferta. Pero esto no se realizará en su contenido real si no está apoyado por el abanico legislativo y normativo que comprende la acción empresarial y económica. La empresa, y los poderes públicos, son responsables de sus impactos en las personas con las que se relacionan y en el entorno donde actúan. Esta responsabilidad debe ser contemplada desde las intenciones y desde las obligaciones legales, de forma que tenga consecuencias si no se asume la responsabilidad de los posibles impactos negativos.
La Comisión Europea, en su comunicación sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (COM (2011) 681 final), establece para “los poderes públicos una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones reguladoras, para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas”. La transparencia y el rendir cuentas deben dejar de ser una intención para ser una obligación. Por ello, esta obligación debe contemplarse en todo el marco legislativo.
Por lo que el Observatorio de RSC entiende:
Poner en valor la RSC en la agenda política se apoya en plurales razones que tienen mucho que ver con la función de los políticos, especialmente si desean apoyar la construcción de una sociedad equitativa. Los impactos que la empresa genera en la construcción social no son ni neutros ni indiferentes al convivir de los ciudadanos. Influyen y su percepción tiene consecuencias en la aceptación o en el rechazo de la oferta que se lanza al mercado. Concebir a la empresa como una “unidad productiva que tiene como objetivo maximizar el beneficio” es una idea de la acción empresarial ya superada en la cultura ciudadana. Y esto a los políticos no les puede ser indiferente. Por ello, es preciso apoyar la necesaria intervención pública en estos temas incluyendo diferentes argumentos y valores que se vierten a favor de la RSC desde distintas ópticas e intereses: éticos, económicos o sociales, políticos.
Los aspectos de la responsabilidad social deben ser considerados de interés público y no exclusivamente privado ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y venidera. Por tanto, debe ser la sociedad, a través de sus representantes públicos, quien decida los límites al uso de dichos recursos y las cuestiones básicas de RSC que deben garantizarse desde los poderes políticos públicos.
Finalmente, es preciso constatar que Incorporar la RSC a la gestión de la empresa no es solamente una cuestión de obligación social, (las mayores economías del mundo están en manos de multinacionales), sino de oportunidad económica. Las empresas que asuman que en un mercado competitivo las diferencias de los servicios y productos que ofrecen guardan estrecha relación con determinadas variables (calidad, precio, veracidad de la oferta, proceso productivo sostenible y respetuoso…) entenderán que, también, su responsabilidad con la sociedad tiene relación con el desarrollo sostenible.
De todo esto debatiremos con partidos políticos en un nuevo Diálogos para la Acción que bajo el nombre, La Responsabilidad Social Corporativa. Marco de propuestas para el desarrollo de políticas públicas, tendrá lugar el jueves 22 de octubre en Madrid. El acceso es libre pero es imprescindible la inscripción por motivos de aforo.
Marcos de Castro es director de los “Diálogos para la Acción” del Observatorio de RSC.
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