Como parte de la Plataforma por Empresas Responsables (PER), el Observatorio de RSC se suma a la carta abierta remitida a principios de marzo de 2026 al Presidente del Gobierno y a los ministerios de Trabajo, Economía, Transición Ecológica, Justicia y Exteriores, entre otros.
Junto a las 20 entidades de la PER, con una base social de tres millones de personas, exigimos que la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) se integre en el ordenamiento jurídico español de forma urgente y antes de que finalice la presente legislatura.
La reciente aprobación de la directiva 2026/470 (Ómnibus) ha retrasado el plazo de transposición hasta julio de 2028, dos años más tarde de lo previsto originalmente. Consideramos que este retraso es inaceptable en un contexto global donde las amenazas a los derechos humanos y al medio ambiente son cada vez más evidentes.
Desde nuestra entidad, denunciamos que:
- La injerencia política y la presión de los lobbies empresariales contaminantes han logrado rebajar una normativa que debería ser un escudo para las comunidades vulnerables.
- España debe mantener su liderazgo europeo, tras haber encabezado las negociaciones durante su Presidencia del Consejo de la UE.
- Es necesario garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos.
Seguiremos trabajando desde la PER para que esta ley sea una realidad efectiva lo antes posible.
