Observatorio de RSC, noviembre 2016
La divulgación de información no financiera (impactos sociales, ambientales y derechos humanos) por parte de las empresas es un paso importante hacia un comportamiento responsable. Permite comprender a los diferentes grupos de interés (empleados, comunidades, accionistas, proveedores, sociedad civil, administraciones, etc., cuáles son los impactos y las responsabilidades de las empresas.
Cada vez más los diferentes grupos de interés muestran una mayor voluntad por tener una visión global de la gestión, el desarrollo, la posición y el impacto de las actividades de las empresas. Es crucial para ello, que la transparencia sea plena en todos los temas relacionados con la gestión, y con los ámbitos no financieros, sirviendo además como herramienta para construir confianza en la sociedad en relación con la actividad empresarial.
La Comisión Europea, se hizo eco de esta situación y en 2014 se aprueba la Directiva 2014/95 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos que modifica la anterior con el objetivo de incrementar la transparencia entre las empresas europeas en materia no financiera.
Esta Directiva fija unos requisitos mínimos para que las empresas europeas informen anualmente sobre cuestiones no financieras relacionadas con el medio ambiente, los derechos laborales y sociales, derechos humanos, corrupción y sobornos. Estas cuestiones mínimas deben ser complementadas y ampliadas por las normas de transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, que cada Estado Miembro de la UE debe hacer hasta diciembre de 2016.
El documento «Divulgación de información no financiera. Propuestas para la transposición de la Directiva Europea 2014/95« presenta una serie de propuestas que entendemos debe incluir la normativa de transposición de la Directiva 2014/95.
Este documento es resultado del taller interno de trabajo realizado por el Observatorio de RSC en mayo de 2016 con las aportaciones de representantes del mundo académico, sindical, de la empresa, de consumidores, del tercer sector y de la economía social.
