El sector energético se ha situado como uno de los “ganadores” en la recuperación post-pandemia, registrando grandes beneficios en 2020 y 2021. Esta bonanza se ha traducido en significativos repartos de dividendos y el descenso de la remuneración de la alta dirección (en términos agregados) es desigual. En términos generales, las empresas del sector han sido en los últimos años un gran negocio para sus accionistas y directivos, escapando de los efectos devastadores de la pandemia.
Sin embargo, en un contexto de subida alarmante de los precios de la energía que impacta gravemente sobre la rentabilidad de otros sectores y sobre las economías domésticas, cabe plantear si ese “gran negocio” privado se ha realizado (o más bien se está realizando) a expensas de inmensos costes sociales y sobre la competitividad nacional.
La subida de los precios de la factura eléctrica y los combustibles, intensificada a partir del inicio del conflicto bélico en Ucrania, se ha convertido en un tema de conversación habitual en los círculos de decisión política, pero también a pie de calle. Los ciudadanos y las empresas ven en esta espiral de costes ascendente un grave perjuicio a sus economías, mientras que los legisladores y reguladores a nivel nacional y comunitario ofrecen tímidas soluciones que no alcanzan a frenar la escalada de los precios.
Según recoge EPData, base a datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio de MWh en el mercado mayorista español se situó por debajo de los 42 euros a lo largo de todo el año 2020; sin embargo, a partir de marzo de 2021 se inició una escalada que llevó a alcanzar los 193,44 €/MWh en noviembre de 2021 y 283,3 €/MWh en marzo de 2022 (llegando casi a duplicar este importe en ciertos días del mes). Dichos precios en el mercado mayorista se han traducido en un considerable impacto en la factura energética de los hogares y las empresas, poniendo de nuevo a las grandes compañías del sector en el punto de mira del debate público.
La escalada de precios de la energía, con sus efectos sobre la inflación y las economías domésticas y empresariales, ha provocado un cuestionamiento de diversos aspectos regulatorios, en especial la determinación del precio del pool o la posibilidad de limitar el importe máximo del mismo. Se podría defender que el libre mercado es el que provee a estas empresas de unos merecidos beneficios, sin embargo, nos encontramos ante voces que alertan de un oligopolio en el que cinco empresas controlan el mercado eléctrico doméstico desde la generación, la comercialización y la distribución. No parece que esta escalada de precios pueda justificarse en base a que los últimos años hayan sido especialmente complicados para las grandes empresas del sector en España, y los datos muestran que el impacto de la pandemia en su actividad fue, en términos relativos, menor que el experimentado en otros sectores. Las 7 empresas del sector energético incluidas en el Ibex 35 a cierre del ejercicio 2020 (Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica, Repsol y Solaria) registraron resultados positivos en dicho ejercicio, con un descenso respecto a 2019 relativamente moderado. En términos absolutos, Iberdrola, con un EBITDA de 10.010 millones de euros, Naturgy (3.714 millones de euros) y Endesa (3.125 millones de euros) lograron los mayores resultados en 2020. En 2021 las eléctricas siguieron consolidando sus resultados positivos e incluso incrementando sus beneficios, mientras los precios récord de la electricidad y los combustibles condicionan las economías de las familias y las empresas. En este escenario de incrementos en los precios del gas, junto con situaciones cada vez más frecuentes de estrés hídrico, asistimos al vaciado de embalses por parte de algunas empresas. Esta práctica ha sido habitual en los últimos años, bien para obtener mayores beneficios procedentes de inversiones ya amortizadas o para manipular los precios en el mercado.
Transparencia e información no financiera: tímidos avances
Al margen de la cuestión de los precios, las empresas del sector petróleo y energía no han sido ajenas en los últimos años a polémicas en torno a su gestión de diversos aspectos vinculados a la RSC: medioambiente, derechos humanos y laborales, fiscalidad…Sin embargo, quizás los temas que han generado más debate sean los relacionados con el gobierno corporativo y la ética empresarial.
Los resultados del análisis sobre la calidad de la información no financiera de las empresas del Ibex 35 en 2020, recientemente presentado por el Observatorio RSC, muestran que las grandes empresas del sector energético en España tienen un amplio margen de mejora en términos de transparencia y resultados de gestión en diversas áreas relacionadas con la RSC. Los tímidos avances registrados en los últimos años son insuficientes para un sector fundamental como el energético, que tiene un impacto directo en todo tipo de actividades económicas y también en los hogares.
El análisis revela que las 6 de las 7 empresas del sector alcanzaron puntuaciones superiores a los 39,7 puntos sobre 100 del conjunto del selectivo, una cifra bajo la cual únicamente se situó Solaria con 22,7 puntos. Iberdrola (58,5) y Endesa (56,5) registran las puntuaciones más altas del selectivo español, mientras que Red Eléctrica y Repsol también se ubican entre las 10 primeras (3ª y 8ª respectivamente). Ninguna de las empresas del sector logra alcanzar los 50 puntos en áreas clave como gobierno corporativo o corrupción, y solo una de ellas lo consigue en derechos humanos (Iberdrola, con 51,5 puntos).
La pandemia no cancela los dividendos
La distribución de dividendos es una práctica habitual en las empresas cotizadas, mediante la cual se recompensa al accionista y se atrae a nuevos inversores repartiendo una parte de los beneficios. Aunque se trata de una práctica legítima y habitual en las empresas que registran beneficios, es aconsejable que el importe y frecuencia de dichos dividendos no comprometa la sostenibilidad financiera de la empresa (especialmente en contextos de incertidumbre). Del mismo modo, la distribución de dividendos no debe perjudicar las inversiones necesarias para la transición hacia modelos de negocio más sostenibles desde el punto de vista social y ambiental.
Ninguna de las 7 empresas declara haber cancelado el pago de dividendos a los accionistas en el ejercicio 2020 ni respecto al mismo (a pagar en años posteriores), si bien no se encuentran registros de que Solaria haya distribuido dividendos. Destacan los importes abonados por Endesa (2.132 millones de euros) y Naturgy (1.802 millones de euros). Las empresas del sector energético fueron en 2020 un negocio muy rentable para sus inversores, y también para sus directivos.
La remuneración de los consejos de administración en 2020: un descenso significativo, pero desigual
La remuneración total de los consejos de administración en las empresas del sector petróleo y energía alcanzó los 86.187 miles de euros en 2019 y 51.838 en 2020, lo que equivale a una disminución del 39,85%. 5 de las 7 empresas analizadas registran una disminución en la remuneración total del consejo entre 2019 y 2020 (en base a lo reportado en el IARC para el total sociedad + grupo), sin embargo, se encuentran grandes variaciones entre las mismas. Endesa (-73,8%) y Repsol (-65%) son las empresas del Ibex con un mayor descenso interanual, y las únicas del sector en las que esta disminución es mayor al 30%. Solaria declara que la remuneración de sus consejeros fue la misma en 2019 y 2020, mientras que Iberdrola registra un incremento del 9%.
Ninguna de las empresas del sector informa sobre medidas de cancelación, reducción o aplazamiento de bonus e incentivos variables a consejeros ejecutivos a pagar en el ejercicio 2020 o respecto a dicho ejercicio (en años posteriores)
La remuneración de los consejeros independientes ha sido un tema controvertido, dada la necesidad de establecer un equilibrio entre la atracción de talento y la prevención de relaciones que comprometan la propia independencia del consejero en el desempeño de sus funciones. 3 de los 7 consejeros independientes del Ibex 35 cuya remuneración excedió los 500.000 euros en 2020 (siendo el promedio del selectivo 127.000 euros) formaban parte de consejos de empresas del sector energético: Juan Sánchez-Calero Guilarte (Endesa, 625.000 €), Juan Manuel González Serna (Iberdrola, 536.000 €) y Xabier Sagredo Ormaza (Iberdrola, 505.000 €).
Las indemnizaciones por cese son, en ocasiones, uno de los principales componentes de la remuneración de la alta dirección. Basta recordar el caso de Borja Prado, cuya indemnización tras cesar en 2019 como presidente ejecutivo de Endesa incrementó un 150% los pagos de la eléctrica a sus consejeros respecto al ejercicio anterior (de 7,4 millones de euros en 2018 a 19,2 millones de euros en 2019). A cierre del ejercicio 2020, 3 de las 7 empresas del sector, Enagás, Naturgy y Repsol, limitan a dos anualidades las indemnizaciones a consejeros y altos ejecutivos (o al menos así lo recogen en su documentación pública). Red Eléctrica establece el límite en una anualidad, mientras que Solaria declara en su IAGC que no prevé indemnizaciones por cese. Endesa e Iberdrola establecen límites máximos de 3 anualidades.
La alta dirección y la gestión de la emergencia sanitaria
Todas las empresas analizadas mencionan que el Consejo de Administración ha tenido un papel fundamental en la gestión de los impactos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, participando en la aprobación de planes de actuación y recibiendo información sobre su evolución de manera periódica. Asimismo, las 7 empresas declaran haber llevado a cabo una parte de las actividades del consejo de administración por vías telemáticas, si bien ninguna de ellas aporta información sobre si se han producido variaciones en cuanto a su funcionamiento (plazos de convocatoria y envío de documentación, asesoramiento a consejeros, etc.)
Lejos de la igualdad de género en los consejos de administración
Aunque todas las empresas analizadas se comprometen formalmente con la promoción de la diversidad de género en los órganos de dirección, solo una de las 7 alcanza el 40% de representación femenina en el consejo: REC, con un 50%. Repsol, Iberdrola y Endesa, con porcentajes superiores al 30%, se encuentran cerca del cumplimiento de esta recomendación del Código de Buen Gobierno, mientras que Enagás y Naturgy (25%) y Solaria (17%) registran la menor presencia femenina.
Puertas giratorias a pleno funcionamiento
Ninguna de las 7 empresas declara públicamente la prohibición de contratar a ex altos funcionarios o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus intereses, limitándose la regulación del fenómeno de las puertas giratorias a menciones generales a los supuestos de incompatibilidad legal.
3 de las 7 empresas (Iberdrola, REC y Enagás) tienen en su consejo de administración ex altos cargos en España o en el extranjero que cesaron de sus funciones en un plazo menor a 10 años respecto a su incorporación al Consejo, destacando nombres como los de José Blanco (Enagás) o Beatriz Corredor (Red Eléctrica). Ana Palacio e Isabel Tocino, exministras y consejeras de Enagás, formaban parte del Consejo de Estado a cierre del ejercicio 2020, mientras que Georgina Kessel, consejera de Iberdrola, fue secretaria de Estado de Energía de México y directora Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de dicho país, en el cual la compañía tiene una presencia significativa.
Sin tomar en cuenta el cese en un plazo menor a 10 años o el rango mínimo de Secretario de Estado, la presencia de altos cargos o personalidades del mundo de la política es mucho mayor, dándose en 6 de las 7 empresas (todas menos Solaria) y alcanzando a 20 consejeros que ejercieron sus funciones a lo largo del ejercicio 2020. Destaca el caso de Enagás: 9 de los miembros del Consejo de Administración en 2020 tenían pasado en la política y/o en altos cargos de la administración: Ana Palacio, Isabel Tocino, Rosa Rodríguez, Marcelino Oreja Arburúa, Bartolomé Lora Toro, Antonio Hernández Mancha, Gonzalo Solana, Ignacio Grangel, José Blanco y José Montilla. 7 de ellos ya formaban parte del consejo en 2019, y en 2020 se sumaron Blanco y Montilla para «reforzar la CAC ante la situación del COVID y los riesgos derivados de la misma”, según lo declarado por la empresa en su Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Un caso que ejemplifica el fenómeno de las puertas giratorias es el de José Walfredo Fernández, quien, tras ejercer como subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía de Estados Unidos, comenzó a ser consejero en Iberdrola (compañía con una presencia relevante en el país) en 2015. Después de una reelección como miembro del consejo de administración en 2019, en agosto de 2021 abandona su puesto para retomar la actividad política en EEUU, incorporándose como subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medioambiente para formar parte del equipo de Joe Biden.
Escasa transparencia sobre casos de corrupción y litigios de competencia
4 de las 7 empresas del sector energético incluidas en el Ibex 35 a cierre del ejercicio 2020 informan sobre la existencia o inexistencia de casos de presunta corrupción activos o iniciados en dicho ejercicio. Endesa, Enagás, Naturgy y Red Eléctrica afirman no registrar casos activos, mientras que en el caso de Solaria no se menciona (aunque tampoco se encuentran casos en fuentes externas). Iberdrola y Repsol aparecen vinculadas a diversas piezas judiciales del “caso Villarejo” durante el año 2020, circunstancia sobre la que Repsol no informa en su documentación anual e Iberdrola se limita a aportar información general en defensa de la reputación corporativa, en términos similares a lo recogido en la documentación relativa al ejercicio 2019.
Endesa e Iberdrola informan en su documentación anual sobre los litigios en materia de competencia desleal registrados en 2020 (5 y 1 respectivamente). Naturgy y Red Eléctrica afirman no haber registrado litigios por competencia desleal en 2020, sin que se hayan identificado en fuentes externas. En el caso de Solaria, no se menciona su inexistencia, pero no se encuentran litigios activos. Repsol y Enagás mencionan no haber registrado casos de este tipo en 2020, si bien en ambos casos se encuentran referencias en fuentes externas con novedades significativas respecto a litigios iniciados en años anteriores.
Otro de los aspectos críticos para el sector desde el punto de vista de los litigios y sanciones es el relacionado con los clientes. En los últimos años la CNMC ha impuesto numerosas sanciones a las empresas eléctricas por diversos incumplimientos de las condiciones de protección al consumidor, una problemática reiterada frente a la cual las empresas del Ibex 35 siguen manteniendo cierto hermetismo en su documentación pública anual. Solo 4 de las 7 empresas informan de las reclamaciones recibidas por parte de los clientes, sin embargo, dicha información presenta grandes limitaciones en cuanto a su comparabilidad, especificidad y grado de desglose, centrándose en gran medida en la satisfacción del consumidor. 3 empresas aportan datos sobre el tipo de reclamación y el resultado de la misma, apenas 2 sobre el país de origen y ninguna sobre el volumen económico de las compensaciones a los clientes.
Información casi testimonial sobre subvenciones y contratación pública
Las 7 empresas aportan información general sobre las subvenciones y ayudas públicas recibidas en 2019 y 2020, si bien los datos no se presentan adecuadamente desagregados por administración, no cubren el total de territorios en los que la empresa tiene presencia o bien se registran diferencias significativas respecto a los datos incluidos en fuentes públicas como Infosubvenciones. Ninguna de las empresas aporta información específica sobre el volumen o naturaleza de los contratos con instituciones públicas.
