Seis años después de que la fábrica de Rana Plaza se viniese abajo y acabase con la vida de más de 1.000 personas que trabajaban allí -fundamentalmente mujeres- queremos hacer un repaso de qué ha ocurrido en los últimos meses en materia de acceso a la justicia y en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.
Aprovechamos este trágico aniversario para hacer un repaso de las últimas noticias en materia de acceso a la justicia de las víctimas de vulneraciones de derechos por parte de empresas, tema que desde el Observatorio de RSC venimos trabajando desde hace tiempo dentro del área sobre empresas y derechos humanos, y sobre el que ya hemos celebrado dos talleres de trabajo con sociedad civil y organismos estatales para conocer los avances y las experiencias de otros actores.
Rana Plaza. Sin justicia en Canadá:
En relación con las propias víctimas del Rana Plaza, éstas siguen sin conseguir justicia, después de que un tribunal canadiense hubiese rechazado las peticiones de los demandantes contra Loblaws, empresa propietaria de Joe Fresh Apparel Canada, una de las empresas para las que supuestamente trabajaban muchas de las personas en el Rana Plaza. El tribunal basó su decisión en la aplicación de la ley bangladesí, en donde el tribunal no encontró base para admitir las peticiones de los demandantes.
El Acuerdo de Bangladesh en riesgo:
El Bangladesh Accord, un acuerdo global entre sindicatos y empresas textiles que nació después del desastre con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de las fábricas textiles en Bangladesh, se encuentra en peligro por la decisión del gobierno de Bangladesh de gestionar él mismo la seguridad de las instalaciones desplazando el trabajo realizado por el Accord. Esto a pesar de claras manifestaciones que evidencian la falta de preparación del gobierno para llevar a cabo esta tarea.
El gobierno de Bangladesh ha criticado fuertemente esta iniciativa al considerar que se inmiscuye en competencias propias del estado, a pesar de que como ilustran informes publicados por el Accord y por el propio gobierno las labores de gestión de la seguridad que han sido llevadas a cabo hasta ahora por el gobierno bangladesí en una serie de fábricas no han alcanzado los resultados esperados. Actualmente la Corte Suprema de Bangladesh se cuenta con la tarea de decidir si el Acuerdo sigue adelante o si por el contrario es el gobierno bangladesí quien asume la tarea de asegurar la seguridad y sanidad de las fábricas.
Decisión en el caso Vedanta, nexo entre Reino Unido y Zambia:
En una decisión unánime de la Corte Suprema británica se abre la posibilidad a que una empresa británica sea demandada en el Reino Unido por nacionales de Zambia por unos hechos ocurridos en este país africano. La razón por la cual este grupo de personas decide recurrir al Reino Unido para demandar a esta empresa, es porque es aquí donde tiene su sede la empresa matriz propietaria de la mina de Zambia, cuya mala gestión provocó una serie de daños a las poblaciones colindantes consecuencia de los vertidos de restos de la mina a las aguas de la zona.
La Corte estima que a pesar de que el Reino Unido no es el país que idealmente debiese juzgar esta conducta, los tribunales ingleses deben aún así hacerlo puesto que se considera que en Zambia los demandantes no hubiesen conseguido justicia material.
El Tribunal además apunta una serie de cuestiones de gran relevancia como son que la mera relación de matriz- subsidiaria ya proporciona una oportunidad para que la matriz ejerza un control suficiente para poder entender que existe un deber de cuidado “duty of care”. La Corte en este y otros argumentos se aleja del Chandler test que tradicionalmente se utilizaba por los tribunales para conocer si efectivamente existía una relación de control entre una matriz y su subsidiaria suficiente como para imputar a la primera un deber de cuidado.
Nuevas iniciativas en torno al establecimiento de una debida diligencia obligatoria
Reino Unido
El mismo día que la Corte Suprema inglesa publica su decisión en el caso Vedanta, una colación de organizaciones con sede en Reino Unido lanza una campaña pidiendo leyes efectivas que obliguen a las empresas y a sus inversores a tomar medidas para prevenir abusos de derechos humanos o cualquier daño ambiental en sus operaciones globales, actividades, productos, servicios, inversiones o cadenas de suministro.
Dinamarca
En marzo 3 partidos políticos presentaron una moción en el parlamento danés pidiendo al gobierno una propuesta legislativa que introdujese una debida diligencia obligatoria y responsabilidad corporativa por abusos empresariales. Esta moción ha sido una forma de generar debate sobre esta cuestión antes de las elecciones generales.
Alemania
En febrero el Ministerio alemán de cooperación y desarrollo filtraba un borrador de ley en materia de cadenas de suministro sostenibles que integraba una debida diligencia obligatoria para las empresas alemanas. De momento no es más que un borrador y se desconoce si existen planes para llevar a cabo algo más.
Normativa UE Acción Popular en materia de consumo
El 26 de marzo la propuesta sobre Acción Popular pasó la votación del plenario del Parlamento Europeo después de 18 meses de debate parlamentario.
La propuesta se centra en la protección y los derechos de los consumidores en cuanto al acceso a la justicia, a pesar de que gracias a los esfuerzos de ECCJ -coalición de la que el Observatorio de RSC forma parte- se ha conseguido expandir el ámbito de aplicación de esta futura norma a otras directivas (incluyendo la de seguridad alimentaria). Ahora le toca al Consejo formular su postura antes de que comiencen las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Si se consigue aprobar una directiva, existirá la posibilidad de que cada Estado Miembro pueda ampliar el ámbito de aplicación de la norma para cubrir también los casos de abuso corporativo de los derechos humanos.
