Se espera que las negociaciones para adoptar la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad concluyan en un acuerdo político antes del final de la Presidencia Española del Consejo de la UE.
La Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad, (conocida como CSDDD, por sus siglas en inglés) ha sido un tema de notable repercusión en el sector empresarial, así como en el Tercer Sector a lo largo de los últimos años. La adopción de la Propuesta de Directiva por parte de la Comisión en febrero de 2022 o el voto a favor de la misma en el Parlamento Europeo en junio de 2023, son hitos significativos en un proceso que, actualmente, enfrenta su recta final: se espera que las negociaciones en curso para adoptar la Directiva entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea (trílogos) concluyan en un acuerdo político antes del final de la Presidencia Española del Consejo de la UE (31 de diciembre de 2023) A partir de su publicación oficial, se iniciaría un plazo de dos años para su trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales y entrada en vigor.
Tal y como hemos expresado con anterioridad desde el Observatorio RSC y la Plataforma por Empresas Responsables, se trata de una regulación fundamental para garantizar que las empresas apliquen adecuados modelos de gestión de los impactos ambientales y sociales (en particular sobre los derechos humanos) y respondan de manera efectiva ante casos de incumplimiento. La Propuesta de Directiva implica un avance significativo, pero aún modesto, en cuanto a cuestiones clave como la protección del medio ambiente o el acceso a la justicia de las víctimas de abusos corporativos.
Las iniciativas voluntarias de RSC (o específicamente de diligencia debida), promovidas habitualmente por parte de los lobbies corporativos, han demostrado hasta ahora, en términos generales, resultados modestos y una manifiesta incapacidad para abordar, en toda su magnitud y complejidad, los impactos sociales y medioambientales de la actividad empresarial a lo largo de su cadena de valor. Por lo tanto, resulta imprescindible seguir avanzando en una regulación eficaz y acorde a las principales referencias internacionales sobre la materia.
Organizaciones de la sociedad civil europea y de otros países han expresado su preocupación por la posibilidad de que las obligaciones establecidas por la nueva Directiva hacia las empresas y los Estados se vean atenuadas durante las negociaciones en curso, lo cual afectaría notablemente a su impacto efectivo.
En este contexto, reiteramos nuestras recomendaciones acerca de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad, en tanto que debería aplicarse en la totalidad de la cadena global de valor, establecer compromisos coherentes en cuanto a la lucha contra el cambio climático, incluir al sector financiero e impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia, entre otros aspectos.
Una vez más, hacemos un llamamiento a las instituciones europeas, y en particular a la Presidencia Española del Consejo de la UE, para que en esta fase clave de las negociaciones se comprometa a velar por una legislación coherente, exhaustiva y robusta, que permita armonizar las exigencias a las empresas europeas con la agenda de desarrollo sostenible como orientación general de las políticas comunitarias.
