El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó su propuesta de directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad. Esta Directiva podría representar un hito en la reducción de los impactos negativos de las empresas sobre los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en todo el mundo.
En respuesta, más de 220 ONG y sindicatos de todo el mundo acogimos la propuesta como un paso esencial y muy esperado hacia la rendición de cuentas de las empresas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia de las víctimas. Sin embargo, resultaba urgente abordar las importantes deficiencias del texto, que quedaron recogidas en una declaración conjunta promovida por organizaciones sociales, ya que se corría el riesgo de impedir que la directiva no lograra el impacto positivo que las personas, el planeta y el clima necesitan urgentemente.
Desde que la Comisión Europea publicó su propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo han estado elaborando sus propias posiciones sobre el proyecto de directiva. El Consejo aprobó el 1 de diciembre pasado su “Orientación General”, que confirma la posición del Consejo para las negociaciones a tres bandas, que deberían comenzar en la primavera de 2023.
Anteriormente, numerosas organizaciones europeas, enviaron una carta a los ministros y ministras de la UE -entre ellos los españoles en vista al rol esencial que podía haber jugado España para garantizar la eficacia de la Directiva – para pedir que adoptaran una posición constructiva sobre la misma. En la carta, se instaba a los ministros de la UE que:
● Garantizaran que la Directiva cubriera toda la cadena de valor, incluyendo los impactos posteriores y la cobertura total del sector financiero;
● Ampliaran, no redujeran, el alcance de los derechos e impactos que abarca la Directiva, incluyendo la garantía de la debida diligencia para los impactos climáticos y los planes de transición concretos;
● Reforzaran las disposiciones de acceso a la justicia y abordara las barreras a las que se suelen enfrentar las víctimas de violaciones de los derechos humanos y medioambiente a lo largo de las cadenas de valor de las empresas.
Sin embargo, ayer los gobiernos de la UE debilitaron la propuesta. Francia – con el apoyo de España, Italia y Eslovaquia – llevó a cabo una maniobra de último minuto para eximir al sector financiero. Los cambios propuestos por los ministros al proyecto de ley dejan la inclusión del sector financiero a la discreción de cada Estado miembro, lo que conduciría a la fragmentación del mercado y a una ‘competición a la baja’.
Además, al limitar las normas a un concepto vago de ‘cadena de actividades’ y no a cadenas de valor, protege a las empresas que producen plaguicidas, armas o tecnología de vigilancia del escrutinio de los daños que pueden dar lugar sus productos y servicios.
El Parlamento configurará su propia postura, que debería adoptarse hacia mayo del próximo año y, a continuación, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión entablarán negociaciones finales para adoptar la ley.
El Gobierno Español con su posicionamiento, pierde una oportunidad de convertirse en un referente de los derechos humanos y del medioambiente. Tiene además, entre sus compromisos, una ley nacional de debida diligencia, cuyo anteproyecto redactado desde hace meses no termina de tramitarse y por lo tanto abre la posibilidad de que su aprobación no llegue a materializarse en lo que queda de legislatura.
Fdo. Amaya Acero
Responsable de empresas y derechos humanos en el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
