A mediados de 2021 se espera una primera propuesta por parte de la Comisión Europea de directiva de debida diligencia empresarial. De momento, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre lo que debería contener dicha directiva.
El pasado 28 de enero la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó, casi por unanimidad de todos los grupos políticos (26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención), el informe legislativo sobre la debida diligencia empresarial y la responsabilidad de las empresas. Este informe deberá ser votado en el plenario del próximo 8 de marzo.
El informe, aunque no es vinculante, manda un claro mensaje del Parlamento a la Comisión Europea para que presente una propuesta formal de ley de debida diligencia empresarial de la UE, es decir, una ley que exija a las empresas, incluidas las instituciones financieras, que aborden los riesgos e impactos sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza a lo largo de sus cadenas globales de suministro.
La aprobación de este informe representa un paso importante, pues impone la obligación de debida diligencia a algunas empresas, reconoce la necesidad de imponer sanciones por el incumplimiento, incluidas las administrativas, y crea una responsabilidad civil por los daños causados o la falta de debida diligencia.
También, el informe, pone el foco en la transparencia, en la presentación de informes y la divulgación de información por parte de las empresas, así como en la importancia de incluir a las partes interesadas -como las comunidades locales o los sindicatos- en el proceso de debida diligencia.
No cabe duda de que se trata de un paso importante en la dirección correcta. Se trata de un buen punto de partida que la propuesta de la Comisión deberá mejorar y así contar con una propuesta legislativa más ambiciosa que realmente funcione en la práctica y proporcione acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Con esta intención, ECCJ y otras organizaciones de sociedad civil, detallan aquellos aspectos que habría que mejorar y armonizar con relación a la normativa de debida diligencia.
Paralelamente, la Comisión Europea en octubre de 2020 abrió una consulta pública sobre la iniciativa de Gobierno Corporativo Sostenible, que se espera que introduzca un marco normativo de la UE sobre la diligencia debida de las empresas durante el segundo trimestre de 2021. El pasado 8 de febrero terminó el plazo para enviar respuestas a la consulta. El Observatorio de RSC ha respondido a la consulta señalando su visión de cómo la nueva normativa europea en elaboración debe responder a las responsabilidades de las empresas sobre Derechos Humanos.
Adicionalmente, un movimiento amplio de la sociedad civil europea ha apoyado la participación en la consulta de la Comisión Europea. A través de una campaña organizada por una coalición europea de ONG y sindicatos, se ha logrado que 145.173 personas respondieran a la consulta pidiendo a la comisión nuevas reglas sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente.
